No se trata de pisar el freno en las autopistas, sino simplemente de no acelerar tanto. El pedal del acelerador es un regulador que dosifica cuánto carburante pasa del depósito al motor del coche, o del camión. Más lo pisamos, más consumo, más rápido vamos. Hasta ahí, todo resulta sencillo. Pero, ¿cuánto se reducirá el volumen de petróleo consumido si la velocidad en las autopistas baja de 12o km/h a 110? La cosa se complica. Además, esta drástica decisión de bajar laa velocidad punta en las vías rápidas ha generado otras dudas. Algunos enseguida apostaron porque la intención del Estado era aumentar el número de multas. Parece que se equivocan, ya que la medida costará al Estado mucho dinero, unos 1.400 millones de euros (el equivalente a un tercio del total del gasto presupuestario de Nafarroa) debido a la reducción de la recaudación a través de los impuestos del petróleo, según las cifras oficiales. Frente a ello, el total que se obtiene en multas por infracciones de tráfico (y no sólo de velocidad) asciende a algo más de 400 millones.

La decisión de rebajar la velocidad máxima en vías rápidas tiene como objetivo reducir el consumo de petróleo. El precio de este combustible se ha disparado por la inestabilidad política en los países productores, que el Estado considera circunstancial. En consecuencia, el Gobierno ha calificado esta decisión de temporal. Sin embargo, la situación en el Magreb sigue aún lejos de clarificarse. El pionero Túnez vive aún serias convulsiones, al igual que Egipto, y queda por ver si este ánimo libertador puede extenderse a otros países.

Por otra parte, el petróleo cada vez es más escaso. Ya no basta con pinchar en el suelo para que fluya el oro negro, sino que más de la mitad del crudo que se consume hoy día procede de lugares de difícil extracción (como profundidades marinas) o requiere ser filtrado de los terrenos contaminados que quedaron alrededor de una balsa petrolífica ya explotada, según los datos de la asociación independiente ASPO.

Concretamente, esta alerta amarilla se ha decretado de forma temporal por «inestabilidad de los mercados sin problemas de suministro», pero quizá venga con ambición de quedarse. Ya pasó en 1973, con Franco, cuando se decidió bajar el límite de 130 a 120 a raíz de la guerra del Yom Kippur, y ahora nadie lo discute. Madrid ha dicho que el 30 de junio revisará la medida, no que la vaya a eliminar.

De hecho, en el Ministerio de Industria ya se posee diseñado otros protocolos por si la situación empeora. En caso de que el suministro sufra «interrupciones temporales» y se den «desbalances entre la oferta y la demanda», Industria tiene previsto activar las reservas de seguridad y habría «medidas de restricción temporal de la demanda». En la todavía muy lejana fase tres, pensada para «graves problemas de suministro», se activarían «reservas estratégicas» y se implementarían medidas como restringir la circulación a los coches con matrícula par e impar en días alternos o prohibir el empleo de coches antiguos. Lo de activar las reservas estratégicas suena a chiste, puesto que el total de petróleo bajo el suelo del Estado español, llegaría para un par de días con el actual nivel de consumo. Cabe remarcar que estos planes se aprobaron durante la etapa de Gobierno de José María Aznar. Sin embargo, ni el PP ni el PSOE se han sacado la medida de la chistera, sino que simplemente establecieron un plan de ahorro energético siguiendo las conclusiones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), como por ejemplo, el manual «Save oil in a hurry» (Guardar petróleo en caso de emergencia) que la AIE publicó en 2005, y donde el impacto limitación de la velocidad se analiza al detalle.

Las cifras de efectividad

A la pregunta sobre cuánto petróleo se ahorra reduciendo en 10 km la velocidad máxima en autovías y autopistas, habría que responder que eso depende del coche, de la velocidad para la que está diseñado su motor para resultar más eficiente. Hay vehículos que gastan a 120 menos que a 110, pero lo que importa es la media del total del parque de vehículos en circulación. Todas las organizaciones que se han aventurado a medir el impacto de la medida, coinciden en que el consumo se reducirá, aunque la guerra de cifras es sangrante: el Gobierno dice que la demanda bajará en un 11%, la Asociación Española de la Carretera (AEC) apuesta por un 8% y el Real Automovil Club de Catalunya (RACC) afirma que sólo el 2%. En principio, la cifra correcta debiera de ser la oficial, la que aporta el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), puesto que es quien lo ha estudiado con detenimiento, mientras que el resto de análisis se han hecho de forma precipitada, casi horas después del anuncio de la medida. No obstante, las tres entidades tienen cierto aire a fuente interesada.

El IDAE ha intentado explicar sus cuentas. El consumo medio de un coche de gasolina a 120 km/h es de 8,58 litros cada cien kilómetros y, con la nueva medida, bajaría hasta el 7,64 litros. Un diésel pasaría de beber 6,09 litros a 5,42. O sea, según el Instituto, en ambos casos se reduce en un 11%. A todo esto el IDAE añade el cálculo de cuántos coches circulan por autopista. En este punto, el dato es exacto, ya que en las calzadas de las vías rápidas hay contadores (unas líneas negras, que apuntan cuántos vehículos pasan cada día). Pero, sobre este dato, el IDAE se ha lanzado a la piscina y ha determinando que de todos los coches que circulan por autopista, el 20% lo hace a 120 km/h (unos no repetan el límite y otros van más lento y para el IDAE esto resulta muy difícil de medir). Es decir, que por cada cinco kilómetros que anda un coche, durante un kilómetro entero ha sido conducido a 120 km/h. Por tanto, y siempre según el IDAE, un coche medio se ahorraría en cada depósito 1,5 euros de gasoil o 2,12 euros de gasolina.

Estas cifras de ahorro por depósito multiplicadas por todos los depósitos que se llenan un año en todos los coches del Estado implicarían reducir en 18.000 barriles petróleo al año el consumo global, lo que viene a suponer unos 2.800 millones para los bolsillos de los ciudadanos. En principio, el perjudicado sería el Estado, puesto que dejaría de embolsarse la mitad de todo este montante a través de impuestos. El problema es que, al hacer las previsiones, el Gobierno manejaba el dato de que el petróleo estaría a 70 euros el barril y, ahora, ronda los 120. Por eso, hasta que no baje, no se podrá pisar el acelerador.