ANALISIA | Isidro Esnaola, economista
Sube la carne, baja el pescado
Todo parece indicar que la bajada del límite de velocidad y el consiguiente ahorro que se pretende conseguir no está pensado para mejorar la economía doméstica de la clase trabajadora, sino más bien para cuadrar las cuentas de la economía del Estado español en su conjunto.
Varios son los motivos de este comportamiento. Para empezar, cuando sube el precio de los carburantes es evidente que no podemos cambiar de un día para otro nuestro coche a gasolina o gasoil por uno eléctrico. Así que tenemos que seguir con el que tenemos. También se le pueden echar otro tipo de combustibles, como aceites reciclados, pero no resulta muy aconsejable. Siempre queda la posibilidad de usarlo menos, pero da la casualidad de que vivimos lejos del trabajo, para hacer las compras debemos desplazarnos hacia las grandes superficies en los alrededores de las ciudades, para el ocio a las grandes capitales... Vamos, que todo está organizado para que tengamos que desplazarnos constantemente de un sitio para otro y, además, necesariamente en coche.
Nos vendieron el automóvil como paradigma de libertad pero, como muy bien apunta José Luis Sampedro, lo hicieron para circular por las carreteras que diseñan sus ingenieros y que nos llevan a todos al mismo sitio, eso sí, a cada uno en su coche. Estamos atrapados en este sistema de transporte pensado y hecho para beneficio de la industria automovilística, por lo que resulta difícil que el precio de la gasolina tenga alguna influencia sobre las cantidades de combustible vendidas.
La medida de reducir la velocidad máxima, aunque muchos duden de su eficiencia, es un camino para reducir el consumo que difícilmente se alcanza con las subidas de precio.
Lo que resulta raro es que el Gobierno español se preocupe por el gasto de los trabajadores después de haber subido todos los impuestos indirectos, el precio de la electricidad, el transporte público y recortar las pensiones. Además, con este ahorro también el Gobierno pierde dinero para poder cuadrar sus cuentas al bajar la recaudación, ni más ni menos, que el 55% de lo que se ahorre, que es la parte de los impuestos en el precio de la gasolina. Seguramente lo que el Gobierno busca es otra cosa: mejorar las cuentas de una economía que se llama España.
Si nos fijamos en el saldo de la balanza comercial del Estado español (gráfico inferior) vemos que es deficitaria, es decir, que el Estado compra fuera más de lo que vende. Pero mientras en los productos no energéticos, las mercancías en general, se ha reducido bastante el déficit, con los productos energéticos el desfase entre lo que se compra y lo que se vende se mantiene más o menos estable a pesar de la crisis. Varía un poco dependiendo del precio que tenga el petróleo en cada momento (gráfico superior), pero el déficit sigue ahí. Este desfase en el comercio se compensa en parte por la entrada de dinero que gastan los turistas, pero el resto, como en una familia que gasta más que lo que ingresa, la economía española tiene que compensarlo de otro modo. Y solo hay dos maneras de hacerlo: vendiendo propiedades, que pocas le quedan al Estado que sean apetecibles, o pidiendo préstamos. Y el tema de los préstamos está muy complicado, porque las perspectivas económicas para el Estado español son malas y pocos son los que se atreven a prestarle dinero ante el peligro de que no pueda devolverlo en el futuro.
En esta difícil tesitura, la subida del precio del petróleo vuelve a dar una alegría a las compañías petrolíferas y un nuevo dolor de cabeza al Gobierno español, que ve que el déficit de la balanza comercial se le vuelve a disparar, así que, en vez de empezar a hacer caja, resulta que el agujero aumenta. A grandes males, grandes remedios: bajar la velocidad máxima.
Esta medida y el resto de las que tomó el Consejo de Ministros el pasado viernes servirán para ahorrar algo y causarán algún que otro quebradero de cabeza a la gente, pero el problema está en otra parte. La entrada en la zona euro atrajo gran cantidad de capital extranjero por la seguridad que daba la moneda única. A nadie le preocupaba entonces el déficit comercial del Estado español, el segundo mayor detrás del de Estados Unidos, con la diferencia de que el dólar funciona en todo el mundo y tiene el respaldo del ejército más poderoso. Pero ahora que las cosas se han puesto mal, los prestamistas miran todos esos detalles y se lo piensan dos veces.
El dinero que entró fácilmente se gastó alegremente en unas infraestructuras que sustentan un modelo urbano que aleja las cosas y alimentan un sistema de transporte altamente ineficiente y despilfarrador, y que ahora no queda más remedio que pagar. Ironías de la vida, los adalides de la velocidad a lo siguiente a lo que tendrán que bajar la velocidad máxima para ahorrar será al Tren de Alta Velocidad.
Diferentes grupos ecologistas recriminan al Estado que se lance a estas campañas de ahorro, mientras se mantiene el despilfarro que supone el Tren de Alta Velocidad, desde un punto de vista energético, económico y también medioambiental.
El consumo de petróleo se mide en kteps (mil toneladas de crudo). La última cifra de consumo oficial es la de 2009, cuando en el Estado se consumieron 67.183 kteps. Según el Gobierno, reducir la velocidad permitirá ahorrar 2.434 kteps en un solo año.
La decisión de reducir la velocidad en carretera ha tenido un apoyo unánime entre las asociaciones de ecologistas, aunque algunas de ellas también han aprovechado la oportunidad para criticar la hipocresía con la que ha actuado el Gobierno, cargando sobre los ciudadanos una falta de estrategia de eficiencia energética, un plan global de ahorro. Además, son conscientes de que no ha sido un arrebato de ecologismo lo que ha movido al Estado, sino que el verdadero motor de las medidas ha sido la economía.
Para Ekologistak Martxan, la necesidad de rebajar los límites de velocidad no sólo en autopistas, sino en todas las carreteras, constituye una reivindicación histórica. Según sus cifras, el petróleo constituye el principal combustible para generar energía, ya que a través de él se consigue el 40% de la energía que se consume en el Estado. Sin embargo, a las centrales térmicas y a las calderas sólo llega el 15% del total de los productos derivados del petróleo. Los vehículos a motor utilizan el 85% restante. Ekologistak Martxan reclama que la velocidad se baje un peldaño más, hasta los 100 km/h en vías rápidas y 80-90 en carreteras, porque ubican la velocidad óptima para la eficiencia energética en unos 90 kilómetros por hora.
Un menor consumo de petróleo equivale a una menor emisión de gases de efecto invernadero, fundamentalmente de dióxido de carbono, pero por un tubo de escape no sólo sale este gas. Eduardo Navascués, de Ecologistas en Acción recuerda que los coches envían al aire otras sustancias y partículas que resultan perjudiciales para la salud.
Asimismo, Ekologistak Martxan también hace énfasis en que una velocidad más baja, como hacer que se cumplan los límites de 50 km/h en las avenidas urbanas y 30 km/h en las zonas residenciales, repercutiría en un menor nivel de contaminación acústica. Y, por supuesto, también en una reducción de la siniestralidad.
Sin embargo, Navascués recuerda que el problema de la contaminación no se soluciona conduciendo a una menor velocidad, sino que la mejor medida para reducirla es dejar el coche aparcado. Es en este punto donde achaca al Gobierno una actitud irresponsable, puesto que Ecologistas en Acción considera que hasta ahora «no se han seguido patrones de sostenibilidad energética y, frente a ello, se ha fomentado erróneamente el transporte por carretera y el uso sin control del vehículo privado».
Más crítica aún ha sido Eguzki, que considera que estas medidas tendrán «poco recorrido». Ni siquiera cree que durarán hasta final de año. «Sería más eficiente y coherente poner fin al desmadre del Tren de Alta Velocidad, que si por algo se caracteriza, es por su elevadísimo consumo de energía» dicen desde Eguzki. Además, esta asociación acusa a las distintas administraciones de haber realizado «una apuesta ciega por el transporte individual motorizado" y recuerdan que el Estado español es el territorio europeo con más kilómetros de autopistas y autovías. A. I.
Con el emporio constructivo hecho trizas, el sector de la automoción se ha convertido en uno de los principales motores económicos del Estado. Sin embargo, aunque buen exportador, la demanda interna sigue siendo capital para el desarrollo de esta industria. Su oposición a la reducción de la velocidad es radical. Algunos agentes de peso incluso han llegado a tachar la medida como una «ofensiva» contra ellos. El sector está dolido, puesto que en febrero el nivel de matriculaciones bajo un 27,6% con respecto al año anterior. Y, además, la financiación gubernamental para la adquisición de nuevos vehículos se han terminado y no hay prórrogas a la vista.
Los fabricantes de coches (ANFAC), los importadores (ANIACAM) y los propios concesionarios y resto de vendedores (FACONAUTO y GANVAM) consideran que la reducción de la velocidad en las vías rápidas tendrá un efecto disuasorio en los compradores de vehículos, si no a corto plazo, sí a medio y a largo.
Todas estas asociaciones también se han acogido a la bandera de la ecología y el ahorro energético. Aseguran que resulta mucho más efectivo potenciar la adquisición de nuevos vehículos que reducir la velocidad. Si sus cifras son acertadas (son una fuente interesada), la diferencia es abismal. Argumentan que un coche antiguo consume de media diez litros cada cien kilómetros, mientras que a un vehículo nuevo le basta con seis, gracias «a la aplicación de tecnologías de última generación». Es decir, entre el doble y el triple de lo que se ahorra con la reducción que se aplicará a partir de esta media noche. De todas formas, esto no les sirve para reflotar uno de sus segmentos más dañados, el de los todoterrenos, que trabaja este año al 37% de lo que lo hacía el pasado año.
No obstante, el sector del automóvil también hace presión aprovechando su peso específico dentro de la economía del Estado. Aseguran que, con la aplicación de esta medida, este año van a cerrar el ejercicio con un número inferior a 900.000 unidades vendidas y que esto supone volver a las cifras de ventas de hace 17 años. Además, apuntan que la sangría fundamentalmente repercutirá en los compradores particulares, que son a quienes estas asociaciones sacan un mayor beneficio con cada vehículo. En concreto, los particulares constituyen prácticamente la mitad del negocio automovilístico, el 46% del total.
De todas formas, en la lectura que hacen las asociaciones del sector la reducción de la velocidad no aparece como el único nubarrón en el horizonte. Critican que el Estado haya dejado de ofrecer ayudas, que el paro ha dejado a la gente sin ahorros y sin un futuro laboral estable, que la presión fiscal es mayor que antes, que las familias se han empobrecido, que los bancos y las cajas no conceden crédito. A la postre, el hecho de que el petróleo esté tan caro y las tensiones inflacionistas, también constituyen un problema para los fabricantes y vendedores de coches. A.I.
Mientras la media europea es que el 60% de la energía provenga de terceros países, el Estado español es dependiente en un 75% de la energía exterior. Sólo se autoabastece de energía nuclear y renovables. Importa carbón, gas natural y crudo.
