Desde el aire, España parece un faro en Europa y Alemania, la tundra». Eso dijo Alfredo Pérez Rubalcaba cuando se asomó a explicar las medidas con las que, aseguró, van a corregir para siempre el despilfarro de luz y energía. Han preparado veinte medidas que suman un coste total de 1.150 millones de euros. Todas juntas, incluida la reducción del velocidad, serán capaces de recortar las importaciones de petróleo en un 5% y, en consecuencia, supondrán un ahorro de 2.300 millones de euros, asegura el Estado. Pero para eso, primero hay que poner el dinero.

En principio, son pocas las medidas cuyo coste va a asumir el Estado directamente, aunque se ha reservado para sí la más llamativa, la financiación de neumáticos eficientes. De cada cien euros que cuesta cada rueda marcada con la letra «A», el Estado aportará 20, pero el aforo es limitado. Sólo 60.000 coches se beneficiarán de él, cuando el parque de vehículos es de 30 millones.

Por otra parte, en la reducción del precio de los billetes de tren ya se ha abierto la polémica. Catalunya y Madrid se han rebelado y, al final, han conseguido que el Ejecutivo asuma el 5% de la rebaja de los cercanías. El Estado ha decidido que la reducción de los billetes de media distancia la pague Renfe. En consecuencia, la rebaja durará mientras Renfe no decida subir los billetes. Cabe recordar que, como denuncian los ecologistas de Eguzki, el precio de un billete de cercanías ya había subido un 17,4%.

Por otra parte, mientras el Estado no se replantee de una forma seria su apuesta por los trenes de alta velocidad o, simplemente, no potencie de una forma definitiva el transporte de mercancías por vía férrea, las medidas de impulso seguirán pareciendo meramente cosméticas. Es cierto que entre las medidas del Gobierno se menciona un «Plan de eficiencia energética en el transporte prestando atención al transporte ferroviario de mercancías», pero si no se destinan fondos, poco se puede hacer. De la misma forma, la posibilidad de que se rebajen los billetes de metro también se queda coja, ya que el Gobierno tan sólo ha «animado» a las ciudades con metro a reducir las tarifas.

Otra de las medidas anunciadas por el Ejecutivo y que han generado polémica sobre su financiación es la de sustituir el alumbrado público para incorporar bombillas led de bajo consumo. El Estado sólo asume parte de los costes, dejando el resto de la factura a los ayuntamientos, cuyo deficitario régimen de financiación les hará difícil acogerse al plan de ayudas. Más curioso aún es el segundo plan propuesto por el Ejecutivo para cambiar las bombillas, que más bien parece una oferta de supermercado. El Estado se ha comprometido a los ayuntamientos a ofrecer un dos por uno.

Sin embargo, lo más significativo de la fórmula que ha buscado el Estado para financiar todas las medidas que aprobó el Consejo de Ministros es que pretenden que sean las eléctricas quienes asuman el 80% del gasto. Esto, en principio, puede abrir la puerta a nuevos incrementos en los precios de la luz, lo cual va en contra de la intención final del Gobierno, que no es otra que reducir las tasas de inflación, ya que eso lastra el crecimiento económico del Estado, que según las estadísticas debe aumentar al 2,5% para comenzar a generar empleo.

Tibia apuesta por las energías renovables

De las 19 medidas impulsadas (20, contando con la reducción de la velocidad) sólo tres se traducen en una apuesta por un cambio radical de modelo: las que hacen referencia al coche eléctrico, las calderas de biomasa y el aumento del porcentaje del biodiésel que se mezcla en el combustible que se suministra en las gasolineras.

Las medidas de impulso del coche eléctrico se reducen a ayudar a las ciudades «Movele», es decir, a aquéllas que implanten o hayan implantado postes de abastecimiento para vehículos eléctricos. Pero regalar a estos municipios 800 bicis eléctricas quizá no sea un aliciente de peso. En cuanto al biodiésel, se va a pasar de un 5% de este carburante hasta el 7% en cada depósito de gasolina. Por último, el empleo de calderas de biomasa, en principio, solo afectará a los edificios de la Administración. En definitiva, que si de verdad el ahorro de energía supone ganar dos euros por cada uno que se invierte, resulta extraña tan rácana apuesta.