La semana que termina hoy ha vuelto a evidenciar que los mandatarios españoles y los diferentes encargados de ejecutar su poder tienen una visión totalmente pervertida del derecho y de la justicia. Incluidos, por no decir especialmente, aquéllos que tienen una relación directa con la ley y su aplicación, como son jueces, fiscales y policías. Las argucias de todos esos estamentos para promulgar la ilegalización de Sortu, o lo ocurrido con los últimos detenidos en Bizkaia, muestran un «estado de derecho» diseñado precisamente para cercenar derechos, acallar voces, prohibir y secuestrar libertades. Al menos en lo referente a Euskal Herria y a sus ciudadanos.

En el primer caso, el referido a Sortu, resulta inaceptable que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, diga públicamente que con el fin de ilegalizar el nuevo partido independentista creará «complejas argumentaciones jurídicas con las que llenar un vacío normativo». Y es escandaloso, en primer lugar, porque de lo que está hablando es de quitar derechos fundamentales a una parte significativa de una sociedad y, en segundo lugar, porque se trata de una ley ad hoc que no sólo ha sido interpretada de manera expansiva, sino que además acaba de ser reformada para endurecerla.

Si quienes deben ejercer la tutela de los derechos se convierten en sus mayores enemigos, si existen leyes especiales y, cuando se aplican a una sociedad concreta, su excepcionalidad se alarga aún más, que no se extrañen de que una parte importante de esa sociedad busque un cambio en términos de independencia, de libertad.

De nuevo, la sombra de la tortura

La operación policial en la que han sido detenidos y posteriormente encarcelados Daniel Pastor, Lorena López, Iñigo Zapirain y Beatriz Etxebarria comenzó con alardes bélicos por parte del Gobierno español y prosiguió con exigencias morales hacia los independentistas vascos. Sin embargo, ha terminado con la denuncia de amenazas, malos tratos y torturas por parte de los arrestados. De hecho, Pastor tuvo que ser llevado a un hospital dos veces durante la incomunicación.

Quienes han pretendido poner esta operación policial cómo prueba de la sinceridad de los partidos en torno a la utilización de la violencia deberían ahora explicar si consideran normal lo ocurrido. Si consideran normal que se deniegue sistemáticamente el «habeas corpus» a los arrestados, si entienden la falta de tutela judicial en estos casos, si resulta aceptable el índice de detenidos vascos que tienen que acudir a hospitales durante el periodo de incomunicación o ser tratados posteriormente en las enfermerías de las prisiones, si encuentran una explicación lógica a las autoinculpaciones sistemáticas de los incomunicados... Pueden aducir, una vez más, la supuesta existencia de un manual de ETA que dice que se denuncien torturas. Lo cierto es que lo único sistemático respecto a las torturas es la negación por parte de los responsables políticos españoles, también en los casos evidentes y en los que existen condenas, como en el de Portu y Sarasola. El único manual que se puede comprobar que existe es, en ese sentido, el del Ministerio de Interior. Y la razón de que no se pueda probar la existencia de torturas es de la incomunicación.

En este terreno la diferencia entre mayorías sociales vasca y española es doble: unos reconocen la existencia de la tortura y la valoran negativamente, mientras otros niegan su existencia, pero muchos de ellos incluso la defienden o se muestran permisivos con esa práctica. Más razones para un cambio de estatus.

Por otro lado, al igual que ocurre respecto a los informes que se utilizan para impugnar a los partidos independentistas, los partidos políticos y especialmente los vascos deberían decir claramente si aceptan que una Policía y sus responsables tengan una agenda política propia, al margen de la ley, tal y como ha quedado probado en los juicios de «Egunkaria» y Udalbiltza.

Principios y finales opuestos

«La imposición y la injusticia utilizadas por los estados no serán jamás ingredientes del proyecto de los independentistas de izquierdas. No somos como ellos, tampoco cuando debemos hacer frente a la represión salvaje y al intento de asimilación de nuestro pueblo. No lo hemos sido jamás, ni lo seremos en adelante». Así resume la ponencia «Zutik Euskal Herria» el diferente punto de partida entre la estrategia de los estados para bloquear la situación y la lucha de los independentistas de izquierda por avanzar hacia un cambio político.

Los jóvenes encerrados en Izpura han demostrado el valor de esa perspectiva, forzando al Estado francés a quitarse la careta ante su propia ciudadanía. La dinámica que se ha creado en torno a la euroorden demuestra que, si se trabaja correctamente y de manera constante, a medio plazo los mecanismos injustos que los estados implementan para abortar la disidencia sólo consiguen generar nuevas adhesiones y mayores opciones de cambio. La confrontación democrática es clave para catalizar ese cambio que en Euskal Herria traerá iguales derechos para todos, es decir, una mayor democracia.