Siendo conscientes de que «el Estado español no va a abandonar su trinchera política de motu proprio», la izquierda abertzale llamó ayer a la sociedad vasca, así como a los diferentes agentes políticos, sindicales y sociales, a «redoblar esfuerzos y compromisos y a continuar trabajando para entre todos y todas construir un escenario sin vulneración de derechos que permita avanzar en la normalización política y democrática de Euskal Herria».

En una nota de prensa enviada a los medios, la izquierda abertzale valoró ayer la actitud del Estado español ante el nuevo escenario que están impulsando, y denunció «el enroque político de los que pretenden perpetuar la imposición y la negación de nuestro pueblo, manteniéndose en posiciones absolutamente inmovilistas». Al respecto, criticó que en este nuevo escenario político se antepongan los intereses partidistas y cortoplacistas ante el interés general por abordar un proceso resolutivo del conflicto. «El Gobierno de Madrid y sus acólitos están muy lejos de mostrar la talla política que exige la situación política generada en Euskal Herria», apostilló, acto seguido.

«Corresponde al Estado español»

Así, denunció que la Ley de Partidos «es un instrumento que permite al Estado manipular la voluntad democrática de la ciudadanía vasca», a la vez que equiparó esa «herramienta represiva» con «la flagrante utilización de la tortura», la vigencia de la política penitenciaria y la «especial saña con la que reprimen las diferentes policías a la juventud independentista».

Asimismo, recordaron que la izquierda abertzale «hace una apuesta nítida por avanzar en el camino de la independencia por vías pacíficas y democráticas», y preguntó «¿dónde está la apuesta por las vías pacíficas y democráticas por parte de Madrid?».

«Entendemos que el Gobierno del PSOE debe aceptar que la utilización de la coacción, tortura, ilegalización de partidos... no puede ni debe formar parte de su estrategia para conseguir sus objetivos políticos». Recordó, a su vez, el «gran avance» que supone el alto el fuego permanente, general y verificable de ETA, y, a renglón seguido, afirmó que «le corresponde al Estado español garantizar una situación de mínimos democráticos».