Iñaki IRIONDO

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos está tomando en consideración ahora unos defectos en el ámbito de la lucha contra la tortura que organismos internacionales vienen poniendo ante la opinión pública desde hace años. El Comité para la Prevención de la Tortura y Amnistía Internacional observan que existe un mal funcionamiento de los poderes del Estado. Critican no sólo que se pongan obstáculos a la presentación de denuncias –como las querellas presentadas desde el Gobierno contra quienes refieren malos tratos–, sino también que cuando se abre una investigación ésta recaiga habitualmente sobre el mismo cuerpo acusado, así como la falta de un procedimiento adecuado y la no recabación de pruebas suficientes.

Cabe destacar que ante una denuncia de torturas lo primero que hace el Gobierno y el resto de autoridades implicadas es ponerse del lado de los agentes de las FSE y no defender la legalidad. Esto pudo verse nítidamente en la intervención del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras la hospitalización de Igor Portu y el relato de Mattin Sarasola. Pero es una constante histórica. Recuérdese que la versión oficial sobre la muerte de Joxe Arregi fue que sufrió una detención violenta pero estaba bien. Luego «sufrió un mareo», se le trasladó al hospital porque podía tener un «proceso neumónico» y se murió. El parte de ingreso en el centro hospitalario indicó que llegó con hematomas en los ojos, hombro derecho, caras internas de ambos brazos, grandes hematomas en los glúteos, derrame conjuntival en el ojo derecho, heridas por quemaduras de segundo grado en las plantas de los pies, estado estuporoso, disnea intensa, dolor abdominal difuso y un pulmón encharcado.

La labor de los forenses que atienden a los detenidos durante el periodo de incomunicación también ha sido puesta en entredicho por expertos en medicina legal y Amnistía Internacional. Un informe publicado en la revista «Journal of forensic Sciencie» que analizó 318 partes médicos de 100 detenidos incomunicados dejó claras sus deficiencias y su «debilidad». AI critica que, como en el caso de Aritz Beristain, las visitas forenses se realicen con presencia de los agentes, lo que es contrario a las normas internacionales.

Además es preciso indicar que cuando se inicia un proceso éste se alarga una media de 12 años y 8 meses (el doble que en denuncias de malos tratos a detenidos por delitos comunes). Una tendencia rota excepcionalmente en el caso de Portu y Sarasola. Y lo reseñable es que ese retraso, normalmente atribuible a los obstáculos puestos por los responsables policiales, beneficia a los agentes, pues puede dar lugar a la prescripción del delito o al atenuante de «dilación indebida».