Tras la presentación de los estatutos del nuevo partido de la izquierda abertzale, el 7 de febrero, fueron muchos los juristas que coincidieron en señalar que no debería haber impedimento alguno para que Sortu fuera incluido en el registro de partidos políticos del Ministerio español de Interior. Aunque no llegó a expresarse en términos tan rotundos, al día siguiente del acto que tuvo lugar en el Palacio Euskalduna, el fiscal jefe del TSJPV, Juan Calparsoro, ya dejo claro que su análisis también iba en esa dirección.

Entonces, al ser entrevistado en Radio Euskadi, se le preguntó por la supuesta «continuidad» en relación a Batasuna que podría alegarse en contra de Sortu por, entre otras cuestiones, la notable presencia de dirigentes de la izquierda abertzale en el Euskalduna. Su respuesta fue muy llamativa desde el punto de vista jurídico: «Hay una discontinuidad en la medida que han cambiado en un elemento que era clave, la violencia, el amparo de la violencia, la colaboración con la violencia, el apoyo a la violencia que ahora expresamente se rechaza».

Por eso no debería sorprender que ayer, cuando acudió al Parlamento de Gasteiz para presentar la memoria de la Fiscalía Superior de la CAV de 2010, Calparsoro afirmara que el rechazo «claro e inequívoco» de Sortu a la violencia de ETA «supone un cambio muy importante por parte del grupo político hasta ahora vinculado y coordinado con ETA», tal como fue recogido por Europa Press.

Lo que resulta chocante es que ese análisis se contradiga frontalmente con el que ha utilizado la Fiscalía General del Estado para impugnar los estatutos de Sortu. Y más relevante aún es que Calparsoro reiterara su opinión casi al mismo tiempo que la Sala del 61 del Tribunal Supremo decidía admitir esa impugnación, que se suma a la presentada la semana pasada por la Abogacía del Estado.

La Sala del 61, por su parte, se limitó a cumplir el guión previsto, al admitir la demanda en la que la Fiscalía solicita que, en ejecución de la sentencia que ilegalizó Batasuna en 2003, se impida la inscripción de Sortu en el registro de partidos. Lo más probable es que esta demanda y la presentada por la Abogacía acaben acumulándose en una, pero por el momento cada iniciativa cuenta con un magistrado ponente diferente. La de los servicios jurídicos del Estado ha sido encomendada a Carlos Lesmes y la de la Fiscalía, a Rafael Gimeno-Bayón.

Como informaba en su edición de ayer este diario, la Fiscalía asume que Sortu ha cumplido formalmente todas las exigencias establecidas por la Ley de Partidos, pero alega que lo ha hecho «sin ninguna intención de cumplirlas». Un razonamiento que, en buena lógica, no puede ser comprobado por el alto tribunal ya que alude a hipotéticos hechos futuros.

Patxi López tampoco lo ve

El propio lehendakari del Gobierno de Lakua tampoco parece compartir el fondo del planteamiento de la Fiscalía General a tenor de lo que expresó el lunes en unas declaraciones realizadas en Londres. Según recogía ayer el diario «Público», Patxi López considera que Sortu es el resultado de un proceso sin imposiciones de ETA.

Aunque el lehendakari expresó sus reservas sobre la credibilidad que le merece la izquierda abertzale y su respeto a las decisiones judiciales, fue claro al valorar la creación de Sortu. «Lo importante de todo esto, y es una cosa a la que a veces no se le da excesiva importancia -enfatizó-, es que ha sido la izquierda abertzale la que ha adoptado sus propias decisiones».

Y al comentar la primera de las impugnaciones fue más explícito: «Hay cosas que he visto en los papeles de la Abogacía del Estado que están muy cogidas con hilos». El corresponsal de «Público» añadía que López citó como ejemplo la presencia de algún antiguo miembro de ETA en el acto de presentación del Euskalduna para recordar que también hay antiguos militantes de ETApm en el PSOE y el PP.

Protesta formal de Aralar

Aralar, por su parte, informó de que ha presentado ante el Gobierno español una «protesta firme» por la «utilización parcial, deformadora, y no consentida» de su nombre e imagen en las demandas contra Sortu, destacando que en ningún caso se recoge que siempre se ha posicionado contra la Ley de Partidos. Por ello, ha requerido tanto a la Abogacía como a la Fiscalía que modifiquen sus escritos.