El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó ayer al Estado español a indemnizar al joven Aritz Beristain por no haber investigado su denuncia de torturas con amenazas de muerte y violación sexual tras ser detenido en septiembre de 2002 por la Guardia Civil. La sentencia utiliza los mismos argumentos e impone idéntica sanción que en la demanda por torturas interpuesta por el donostiarra Mikel San Argimiro. Y se ha conocido en el mismo momento en el que las denuncias de brutales torturas y violación de la bilbotarra Beatriz Etxebarria a manos de siniestros guardias civiles todavía resuena ante un revelador silencio de responsables políticos y medios de comunicación. Estrasburgo vuelve a hacer ver lo que en Madrid no ven, o no quieren ver. A saber: que la tortura y la violación son un arma para hacer política al amparo de las leyes de excepción españolas, para condicionar el presente y construir un futuro donde la impunidad de la Guardia Civil sea incuestionable y penda cual espada de Damocles en el subconsciente colectivo del país.

Pero se equivocan. La Guardia Civil y quienes descubrieron y fueron seducidos por su potencial para la política han estado muy acostumbrados a hacer y deshacer con total impunidad. Han torturado, y lo siguen haciendo según confirman las últimas denuncias. Han matado y hecho desaparecer con la impunidad del que se siente seguro de que no pagará por sus crímenes. Pero la impunidad no es para siempre. Y tampoco la Guardia Civil va a tener siempre las espaldas cubiertas. Estrasburgo ya ha dado la señal por segunda vez. Deberían tomar nota. Y, aunque en estos momentos pueda parecer poco plausible, responderán, claro que responderán por su comportamiento criminal contra miles de ciudadanos vascos.

La construcción de un nuevo escenario político, inclusivo y transparente, no puede tener como argamasa leyes de excepción e impunidad. La verdad y la justicia efectiva son necesarias. Y frente a ellas, la Guardia Civil no podrá mantener eternamente su contador a cero.