Ante la proliferación de noticias, opiniones, debates e iniciativas sobre aspectos relacionados con la problemática de las víctimas, nosotros, familiares de afectados por la violencia estatal represiva, queremos también manifestar nuestro punto de vista sobre este tema. Y ello desde posiciona- mientos que hemos venido defendiendo públicamente desde hace tiempo.

En primer lugar, debemos repetir que no consideramos a nuestros familiares fallecidos en cuanto a su naturaleza política como víctimas pasivas de la violencia estatal, sino como ellos mismos se declaraban en vida: militantes comprometidos en la lucha por conseguir la libertad y los derechos nacionales de nuestro pueblo. Nos consta que si eligieron voluntariamente -aunque obligados por un imperativo interior y una situación política vivida como insoportable- la opción político-militar, ello fue debido a una convicción para ellos clara: la imposibilidad de conseguir dentro de los marcos políticos vigentes los objetivos legítimos de la independencia y el socialismo.

¿No lleva la Constitución inscrita en sus genes los gérmenes de la violencia estatal? Esta democracia impuesta y la actitud de los responsables políticos españoles han sido los que han mantenido en el tiempo la persistencia de un conflicto político con sus expresiones violentas.

Ahora bien, a nuestros queridos gudaris, si por su pensamiento, acciones o motivación en vida no los calificamos como «víctimas» del conflicto, en virtud de las circunstancias en las que se produjeron sus muertes o el trato recibido las cosas cambian. En este ultimo sentido es válido considerarlos víctimas de la represión estatal, porque las desapariciones, «suicidios», secuestros, asesinatos extrajudiciales, torturas y otras expresiones violentas que ellos y otras personas han sufrido son actos delictivos sancionados por los códigos jurídicos estatales e internacionales.

Por este motivo, tenemos pleno derecho a reclamar de los poderes públicos la verdad entera sobre los hechos acaecidos, la aplicación de las responsabilidades penales y políticas correspondientes a sus autores directos y mandatarios implicados y el reconocimiento y resarcimiento del daño recibido. No aceptaremos jamás que casos como los de Naparra, Jon Anza, Josu Zabala, Mikel Castillo, Jon Lizarralde, Susana Arregi, Crespo Galende y otros muchos permanezcan como hasta ahora en la más absoluta impunidad.

Rechazamos los intentos del Estado de suprimir las responsabilidades de las acciones violentas e ilegales realizadas por sus fuerzas de seguridad. La violencia del Estado no se ciñe exclusivamente a las actuaciones del GAL, BVE, etc., sino que abarca a la de todos sus aparatos represivos, sea cual sea su forma -cubierta o encubierta- de actuar, porque todas ellas responden a una lógica unitaria e inseparable. Igualmente rechazamos la pretensión de delimitar diferentes periodos de tiempo a la hora de asumir responsabilidades por la violencia del Estado. Esta violencia se ha basado en una idéntica motivación política dentro de los diversos tiempos históricos: la negación de Euskal Herria como nación y la de sus correspondientes derechos políticos.

Tampoco aceptamos el rechazo de la Administración y los jueces de numerosos episodios de violencia estatal en aras de consideraciones de orden jurídico y procesal (sobreseimientos, prescrip- ciones, exculpaciones, anulaciones etc.). Tanto el aparato jurídico como el administrativo, legislativo y ejecutivo son componentes estructurales de una de las partes implicadas en el conflicto y, por lo tanto, instancias no arbitrales, sino de «parte». Una solución justa de ese conflicto en términos de verdad, justicia y reparación demanda poner el contador a «cero» en el examen y resolución de todos los hechos violentos cometidos por el Estado.

Ello a su vez implica la necesidad de un verdadero proceso de transición en el Estado español donde los derechos de todos los ciudadanos sean respetados en un marco de justicia e igualdad.

En la actual coyuntura política creemos que se está abusando en el uso de los términos de normalización y pacificación. Nosotros preferimos hablar de normalidad democrática cuando esta implique la posibilidad de defensa de todos los proyectos en igualdad de condiciones de acuerdo exclusivamente con la voluntad libremente expresada por los ciudadanos vascos. Y de paz como la consecuencia derivada de una nueva situación política en la que la justicia social y el derecho a decidir sean respetados. Nuestros militantes lucharon y murieron por esos ideales de igualdad y justicia y es en el nuevo marco jurídico que surja de ese reconocimiento donde alcanzará plenamente sentido la amnistía general a todos los represaliados políticos y las medidas de gracia a los autores y responsables de los hechos de violencia de Estado.

(*) Firman también este artículo Itziar Lizarralde, Errose Erezuma, y Asun Alonso.