Arantxa MANTEROLA I

La noticia de la aparición del cuerpo produjo gran impacto en Euskal Herria donde, desde diez meses antes, la exigencia de la verdad sobre lo ocurrido al donostiarra estaba omnipresente en la calle, en instituciones y medios de comunicación. Los días siguientes, en especial cuando se le practicó la autopsia, fueron de gran tensión. Incluso hubo incidentes cuando la Policía cargó en la capital occitana contra los centenares de ciudadanos vascos que se habían trasladado hasta allí para solidarizarse con la familia y para reclamar el esclarecimiento total de lo sucedido.

La familia pudo al fin recuperar los restos del militante de ETA y repatriarlos el 23 de julio. Tras una emotiva despedida en Ziburu, fueron enterrados en un cementerio de Ipar Euskal Herria.

Sin avances

Entretanto, la juez de Toulouse, Myriam Viargues, tomó las riendas de la investigación que había estado en manos de la fiscal de Baiona, Anne Kayanakis, desde que sus familiares denunciasen la desaparición. Una investigación que, como en el caso de las instancias de la Fiscalía bayonesa, sigue sin aportar novedades y lo que es peor, no avanza porque, como lo manifiesta el abogado de la familia, Julien Brel, «es evidente que algunas personas no quieren que se sepa toda la verdad».

El letrado afirma que solicitan sin cesar la práctica de diferentes diligencias, incluso algunas cuya iniciativa corresponde, en buena lógica, a la misma jueza. «Por ejemplo, es incomprensible que todavía no haya contactado ni con la compañera de Anza ni con nadie de su familia para informarles de cómo va la investigación, que es lo que habitualmente se hace», subraya.

El contacto con la magistrada instructora es «demasiado irregular» y, aunque lentamente, se van aclarando ciertos extremos sobre lo que pasó tras haber sido encontrado en la calle «pero nada sobre las causas o circunstancias que le llevaron a ese estado que le provocó la muerte». La tesis de las «disfunciones» en las que se están escudando desde el principio los estamentos jurídicos y policiales sigue vigente. El propio fiscal de Toulouse que abrió diligencias cuando Anza fue recogido en la calle y envió un fax a la Comisaría ordenando investigar el caso no ha recibido ninguna respuesta «pero es que tampoco la ha reclamado», manifiesta, estupefacto, el abogado.

Respecto a otra de las «disfunciones» que concierne la comunicación entre los servicios hospitalarios y la Policía de Baiona, todavía siguen sin tener explicaciones sobre el rastro de la requisitoria de información enviada al hospital de Toulouse. Las escasas explicaciones que han conseguido son farragosas: «Nos dicen que la gestión con el hospital se hizo a través del departamento antiterrorista de Baiona que contactó a su vez con el de Toulouse para que se encargara de la investigación pero, en cuanto pedimos más precisiones, las explicaciones son muy confusas o, simplemente, no nos responden».

La tónica de dilación y opacidad afecta a otras peticiones como la de un informe médico que la jueza solicitó a un experto sobre el estado de salud original del donostiarra con el fin de intentar establecer si las constataciones médicas cuando fue ingresado en el hospital están ligadas a su estado o si tienen que ver con una causa externa. Tampoco hay respuesta por el momento.

Silencio radio total

Respecto a las dos demandas de investigación interna sobre la actuación de la Fiscal de Baiona, Anne Kayanakis, realizadas por la familia al Ministerio de Justicia al estimar que podía haber sido incorrecta o insuficiente, Brel responde con un escueto «silencio radio total» ya que no tienen noticias ni tan siquiera de que hayan sido recibidas. No entiende que, en un caso tan grave como éste, el propio Ministerio no haya abierto una investigación «ni tan siquiera para avalar su tesis de las disfunciones o excusarse por las mismas ante la familia».

Estos silencios y actuaciones no hacen, según el letrado, «más que aumentar la incredulidad sobre las versiones que nos dan o las que nos puedan dar en el futuro. Estos silencios son, para nosotros, insoportables pero, al mismo tiempo, muy elocuentes» dice indignado. «Desde que me ocupo del caso de Anza, veo contínuamente carteles de personas desaparecidas y la Policía pone en marcha toda la artillería habitual para encontrarlas (carteles, anuncios en la prensa...). En el caso de Jon no hubo nada de eso. Es obvio que todo esto huele mal» añade.

Repasando lo poco que han conseguido en este año, el letrado tiene la impresión de que la investigación está bloqueada o frenada voluntariamente: «Está claro que a algunos no les interesa que se sepa toda la verdad y que algunos policías nos darán versiones superfarragosas en cuanto ponemos el dedo sobre algunas cosas».

No obstante, la determinación de Brel de seguir poniendo el dedo, precisamente en las innumerables zonas negras, sigue intacta: «La Policía sigue aferrándose a la tesis de la muerte natural porque ha habido una embolia pulmonar que ha producido un paro cardíaco pero nosotros nos preguntamos ¿de dónde procede esa embolia? ¿qué la ha causado? Y ahí, seguimos sin tener respuestas válidas».

En ese camino asegura que se empleará tanto él como la familia: «Seguiremos preguntando y solicitando diligencias y no pararemos de poner en cuestión tanto al Estado francés como al español hasta saber qué paso». Un camino en el que, a buen seguro, centenares de ciudadanos vascos están dispuestos a acompañarles.