Enredado en sus procesos judiciales, Silvio Berlusconi hizo adoptar ayer a su Gobierno un proyecto de reforma constitucional de la Justicia italiana que busca restringir los poderes de los magistrados, a los que el primer ministro acusa de acosarle e intentar derribarle por motivos políticos.

El plan de reforma introduciría una separación clara entre las carreras de los magistrados y de los fiscales, la responsabilidad civil de los jueces, que podrían tener que pagar de su bolsillo los daños en caso de error como sucede con las demandas por negligencias médicas, y la limitación de la acción penal de la Fiscalía, que no podrá apelar las sentencias absolutorias.

Además, el Consejo Superior de la Magistratura (CSM), que a menudo se ha enfrentado con Berlusconi, será dividido en dos órganos, reducidos a dos entidades administrativas y sus poderes para sancionar a los magistrados serán transferidos a un organismo especial.

Asimismo, los jueces serán «directamente responsables de los actos cometidos violando derechos».

«Con esta espada de Damocles sobre la cabeza, los fiscales se lo pensarán dos veces antes de abrir investigaciones en mi contra», señaló Berlusconi, según declaraciones recogidas ayer por «La Repubblica».

Maurizio Paniz, destacado diputado del gobernante PDL, declaró a Reuters que los cambios se dirigen a restaurar el equilibrio entre acusados y fiscales e imponer controles propios sobre los instructores. «Como están hoy las cosas, no responden ante nadie. El CSM está altamente politizado y es incoherente, y eso dificulta adoptar decisiones con calma y de forma apropiada», dijo Paniz, quien agregó que «no es en absoluto una reforma contra los magistrados».

Independencia socavada

El presidente de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), Luca Palamara, sin embargo, denunció «una reforma que va en contra de los jueces (...) socava la autonomía y la independencia del poder judicial y altera sustancialmente el equilibrio entre los gobiernos».

Los magistrados independientes con poder han sido los responsables de un gran cambio en Italia, sobre todo en los años 90, cuando las investigaciones denominadas «manos limpias» descubrieron una enorme red de corrupción y provocaron la caída del sistema político.

Berlusconi, que calificó la reforma de «histórica y convincente», se ha enfrentado a al menos una docena de juicios y decenas de investigaciones judiciales y fue despojado recientemente de su inmunidad para ser juzgado por el Tribunal Constitucional, que ha reabierto tres juicios por corrupción en su contra. Además, tiene pendiente otra causa por mantener relaciones sexuales con una menor y abuso de poder.

El primer ministro niega todas las acusaciones, pero estos casos han reabierto antiguas disputas con los jueces y han suscitado sospechas en algunos sectores sobre que la reforma está dirigida a controlarlos.

La oposición de centroizquierda también cree que intenta vengarse de los jueces por sus problemas legales, pero un desafiante Berlusconi lo negó.

Franco Pavoncello, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Americana John Cabot de Roma, declaró a AFP que impulsar ahora esta reforma puede ser para Berlusconi «una arma de doble filo, porque se puede argumentar que los jueces se ensa- ñan con él mientras él trata de reformar la Justicia, introduciendo un carácter político a su proceso. Pero la otra cara de la moneda es -concluyó- que la refor- ma se ve debilitada por el hecho de que es llevada a cabo por un Gobierno cuyo primer ministro está a punto de ser juzgado».