En la última semana, especialmente tras la presentación de los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, la legalización de Sortu se ha convertido en el principal argumento de debate entre las fuerzas políticas vascas y españolas. Ayer, desde el nuevo proyecto político y organizativo de la izquierda abertzale expusieron las claves para reclamar el derecho que tienen los sectores independentistas y socialistas de Euskal Herria a encauzarlo a través de una oferta electoral que permita «con integridad» su voluntad democrática.

Fue, sin duda, el rechazo «inequívoco» de Sortu a toda violencia, lo que concitó un mayor número de reacciones de agentes políticos vascos, que respondieron en términos positivos al extenso comunicado, aunque con matices en el caso del portavoz del PSE en la Cámara de Gasteiz, José Antonio Pastor.

Sortu recordó en su nota que han manifestado «abiertamente y sin ambages» su rechazo a la violencia, incluyendo la de ETA. «Hemos rechazado cualquier connivencia con organizaciones que ejerzan cualquier tipo de violencia, amenaza o coacción y hemos dicho -resaltaron- que en Sortu no puede participar, ejercer responsabilidad o representarla, quien no asuma explícitamente esos principios y compromisos».

De ahí, su rechazo al ataque de la semana pasada contra una sucursal de Caja Vital en Gasteiz y las pintadas amenazantes aparecidas contra un edil del PP de Portugalete. Además, hacen lo propio con el supuesto plan para atentar contra el lehendakari, Patxi López, que ha transcendido a los medios de comunicación, pero dejando claro «el respeto a la presunción de inocencia» hacia aquellos a los que las filtraciones les atribuyen estas «supuestas y presuntas planificaciones».

Al contrario que otros agentes que demandan que no sean legalizados, Sortu se opone a todas las vulneraciones de derechos humanos. Por ello, se suman «a la preocupación y firme rechazo ante las nuevas y graves denuncias de episodios de tortura y el mantenimiento de la persecución política y judicial contra militantes independentistas», adheriéndose a quienes solicitan el fin de las detenciones incomunicadas.

Pronunciamientos no retóricos

Una vez más, insistieron en que sus pronunciamientos sobre la violencia «no son retóricos». «No se trata -aclararon en su extensa declaración pública de ayer- de un alejamiento coyuntural de la violencia, sino estratégico y definitivo. Lo estratégico y sustancial es el rechazo a la violencia, lo coyuntural, sin quitarle relevancia, es la creación de un nuevo instrumento político electoral».

Sumándose al resto de agentes políticos, sindicales y sociales de Euskal Herria, señalan que quieren contribuir a la desaparición de cualquier violencia y en particular a la de ETA, «y añadimos que lo queremos hacer de forma activa». Sortu desea sumarse así al anhelo común de la sociedad vasca «para que nadie ni nunca utilice la violencia en la defensa o apoyo de ideas o proyectos políticos».

Desde que los diez promotores presentasen el 8 de febrero en Bilbo este nuevo proyecto político y organizativo de la izquierda abertzale, Sortu ha remarcado, como lo hizo ayer, que quiere contribuir «a una paz sinónimo de justicia y democracia, una paz basada en el respeto a la voluntad democrática de la sociedad vasca, una paz pivotada en el desarrollo igualitario y sin coacción alguna de todos los proyectos políticos». Subrayaron que entienden que «el fin de la violencia no tiene precio político. Eso sí -apostillaron-, la paz es algo más que el fin de la violencia y tiene que estar sustentada en el respeto a todos los derechos individuales y colectivos de los hombres y mujeres de Euskal Herria».

Sortu confiesa que no entiende la negativa del Ministerio de Interior a registrarlo ni la actuación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado «entorpeciendo nuestro legítimo derecho a la inscripción en el Registro de Partidos Políticos ni consecuente legalización». «Tenemos derecho a ser legales porque cumplimos la Ley de Partidos en todos sus términos así como las interpretaciones que de ella ha realizado el Tribunal Supremo, y porque nuestra futura actividad será coherente con los principios y compromisos estatutarios, sin que deban exigirse rechazos no previstos legalmente, planteamientos morales o expresión de determinados sentimientos, sino única y exclusivamente actividades legales y democráticas», añadieron.

No se olvidaron de citar que su formación política supone una ruptura con organizaciones del pasado «tanto por los principios y compromisos democráticos asumidos» en sus estatutos, como por el modelo de organización y funcionamiento de la nueva estructura política. «Queremos encauzar por vías exclusivamente políticas y democráticas a un espacio social independentista y progresista de la sociedad vasca y aportar a la paz, a la democracia y a un cambio político y social», precisaron en su reflexión.

Estiman asimismo que Euskal Herria vive un momento histórico para empezar a construir un futuro de paz y soluciones definitivas a tantos años de sufrimiento y confrontación. «Nuestro compromiso es y será que el enfrentamiento y el sufrimiento sean sustituidos por la palabra, la democracia y la reconciliación», puntualizaron.

Superar inercias del pasado

Para Sortu, su legalización no puede estar sujeta a batallas políticas, «a inercias de un pasado reciente de enfrentamiento violento sino que debe entenderse como un ingrediente indispensable para construir un futuro sin violencias y desde la democracia sin límites para todos y todas».

«Nuestra legalización -resaltaron en la nota- es una inversión por un futuro que debemos ir construyendo para próximas generaciones quienes hemos vivido más directamente o de cerca todas las consecuencias del pasado».

No se hicieron esperar las reacciones y así, desde los pasillos del Parlamento de Gasteiz, el portavoz del PSE, José Antonio Pastor, dijo que «es una buena noticia que reafirma la política, la estrategia y la gestión» de los gobiernos español y de Lakua. «La política de exigencia democrática funciona y ha hecho ver a este mundo que no hay otra salida para hacer política que usar exclusivamente la voz y la palabra», manifestó. Pastor efectuó un llamamiento, «hoy más que nunca», a todas las fuerzas políticas para «mantener el sentido común, la cabeza fría y la responsabilidad necesaria para hacer posible entre todos que se gestione el nuevo tiempo que se puede abrir en Euskadi cuando ETA desaparezca definitivamente».

El parlamentario de EA Juanjo Agirrezabala opinó que «ya no hay ni un solo argumento que pueda justificar la ilegalización de Sortu», añadiendo que si el nuevo proyecto político no se legaliza es por «intereses políticos partidistas».

Oskar Matute, de Alternatiba, asegura que Sortu «inaugura una nueva era en la política vasca en la que no hay en Euskal Herria ninguna fuerza política que justifique acciones violentas de ETA, por lo que no puede haber ningún partido ilegalizado». La voz discordante la puso Leopaldo Barreda, parlamentario del PP en Gasteiz, que afirmó que Sortu sigue «un guión diseñado por ETA para colarse en las próximas elecciones».