«Tenemos constancia de otras facturas con Primagas y con Cepsa, y los consumos son razonables, muy parecidos a los del año pasado. Eso nos hace pensar que el gas -el suministrado por Repsol- no es de la calidad que debiera ser», resumía, ayer, el alcalde de Urkabustaiz, Jesús Angel Herrero, a la salida del encuentro mantenido entre el diputado foral de Equilibrio Territorial, Iñaki Nafarrate, y representantes de los 17 ayuntamientos alaveses afectados por la desproporcionada subida de la última factura del gas canalizado, con hogares que deben abonar cantidades desde los 400 a los 1.000 euros por el gas consumido en dos meses.

Tanto la empresa cuestionada como el Departamento de Industria de Lakua niegan hasta la fecha irregularidad alguna. Sin embargo, a los ayuntamientos -también hay otros municipios afectados como Otxandio o Ea- no les cuadra, no ya el alza de los precios -un 26% en 2010 y otra subida más en enero-, sino que el consumo se haya disparado en un invierno que no creen haya sido tan frío.

La única explicación que ven es que, como dijo ayer el propio diputado Nafarrate, la impresión de los afectados es que la calidad del gas no es la que debiera. Por ello, ayer se acordó solicitar un permiso a Repsol para entrar en sus instalaciones y recoger catas de gas con el objetivo de «comprobar si la calidad del gas es la que debe ser». El problema es que ese gas sumisnistrado estos meses ya se ha consumido en los depósitos que abastecen a cada pueblo.

Por otro lado, los consistorios pondrán a disposición de sus vecinos hojas de reclamaciones a Repsol para «mostrar nuestra disconformidad con los importes facturados, la reclamación de las cantidades indebidamente giradas».