El conflicto armado en Colombia, que se prolonga por más de medio siglo, ha originado 32.500 casos denunciados de desaparecidos, más de 183.000 ejecutados, 7.500 presos políti- cos, la aplicación sistemática de la tortura, más de 5.000.000 desplazados internos y más de 650.000 exiliados. Un balance, el del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), que desnuda la realidad colombiana.

MOVICE acaba de celebrar el V Encuentro Nacional, en el que sus trescientos participantes, además de abordar los posibles escenarios de paz y salida negociada del conflicto, han analizado la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras que impulsa el Gobierno de Juan Manuel Santos y que se está tramitando en el Congreso colombiano.

Pendiente de su aprobación en el Senado, tras lograr una amplia mayoría en la Cámara Baja, este proyecto legislativo, que según el presidente Santos es «una deuda moral» de los colombianos hacia las víctimas de la violencia y un instrumento necesario para alcanzar la paz, es rechazado por MOVICE. De hecho, el pasado viernes, el Movimiento de Víctimas, la Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo» entregaron en la Corte Constitucional una demanda de inconstituciona- lidad a la ley de justicia transicional a través de cuyo marco se desarrolla el proyecto de Ley de Víctimas. Ellos creen que esa ley concede beneficios jurídicos a favor de los desmovilizados de grupos armados al margen de la ley y es resultado de una estrategia del Estado para renunciar a su obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos.

En la presentación de la Ley de Víctimas en setiembre pasado, Santos insistió en que su iniciativa contempla medidas como asistencia en salud y educación, ayuda humanitaria de reacción ante nuevos hechos de violencia, indemnizaciones y restitución de tierras, para que los desplazados puedan volver al estado en el que se encontraban antes de que sus derechos fueran vulnerados, «sin discriminar» a las víctimas, independientemente de que sus victimarios fueran guerrillas, paramilitares o agentes del Estado. Para compensar a las víctimas ya hay asignados 40 billones de pesos (unos 22.100 millones de dólares).

Pero estas medidas han encontrado objeciones en MOVICE, en primer lugar por no haber contado con las víctimas y por favorecer a los victimarios. Su voz no ha sido escuchada y sus propuestas han sido desatendidas; la ley ni siquiera emplea las palabras «víctima» y «responsabilidad», que son sustituidas por «beneficiario» y «solidaridad», y el proyecto, insiste este movimiento, confunde medidas de reparación con programas de asistencia humanitaria o acceso a servicios sociales a los que tienen derecho todos los ciudadanos de Colombia.

Restricciones y exclusión

Por eso, MOVICE alerta sobre las restricciones estructurales que se imponen a la reparación integral, la exclusión de grupos significativos de víctimas y las medidas que favorecerían a los responsables de crímenes como el despojo y la desaparición forzada.

El movimiento afirma que el proyecto carece de un enfoque integral en cuanto a reparación y garantías de retorno y reclama la restitución de la totalidad de las 6,8 millones de hectáreas usurpadas por métodos violentos. Una carencia que, a su juicio, «se enmarca en una política global de intereses privados para la extracción de recursos minerales e hídricos y, por consiguiente, de reproducción del despojo».

Además, incide en que no cumple con los mínimos nacionales e internacionales en materia de derechos de las víctimas. Acusa al Gobierno, al que pide medidas que garanticen que los crímenes y violaciones de los derechos humanos cesen en todo el país, de no reconocer su responsabilidad en los millares de crímenes de lesa humanidad ejecutados en connivencia con el paramilitarismo y le emplaza a desmontar realmente el «Estado mafioso» y el paramilitarismo, cuyas estructuras se han visto reforzadas por el falso proceso desmovilizador.

El marco de justicia transicional excluye a las víctimas de grupos paramilitares o neoparamilitares, mal llamadas bandas emergentes, conformadas en más de un 50 % por los mismos hombres supuestamente desmovilizados. El informe más reciente de la Fiscalía General así lo reconoce cuando afirma tener documentados 173.183 homicidios, 1.597 masacres y 34.467 desapariciones cometidas por paramilitares entre 2005 y 2010.

Y es que la ley que impulsa el Estado colombiano cojea. Y no sólo porque promueve medidas de justicia transicional como si el conflicto armado -cuya existencia niega el Gobierno de Bogotá- hubiera desaparecido ya y porque comprende hechos acaecidos después del 1 de enero de 1986, negando la memoria desde 1948 y crímenes tran graves como el genocidio político contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista, la toma y la retoma del Palacio de Justicia y gran parte de las masacres en el periodo fundacional de la violencia paramilitar, sino porque se plantea en términos monetarios y propone a las víctimas renunciar a futuras indemnizaciones además de imponer topes a sus defensores.

Pero lo que es aún más grave, en los términos propuestos por el Gobierno, esta ley desconoce la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad como el genocidio y la desaparición forzada, no promueve el esclarecimiento de los crímenes de Estado y de los grupos paramilitares y pretende indultar a más de 27.000 paramilitares falsamente desmovilizados, propiciando de esta forma la impunidad política social y jurídica.