Los veinte mil euros que el Reino de España debe pagar a Arnaldo Otegi por hacerle víctima de una farsa judicial son veinte mil argumentos para acreditar que las libertades están sometidas al interés político del unionismo. Lo de menos es que la figura de su rey quede maltrecha como jefe supremo de quienes torturan. Lo importante es que se reconozca el derecho a discrepar de la doctrina unionista que presentan casi como una religión.