Las ondas expansivas del terremoto que ha sufrido Japón y sus radiaciones han llegado, políticamente hablando, hasta Alemania. Tan sólo cuatro días después de la catástrofe, cuyo final aún no está a la vista, el Gobierno de la canciller Angela Merkel (CDU) ha iniciado un viraje de 180 grados en su política atómica al decretar el cierre temporal de sus siete centrales nucleares más antiguas. Esta decisión contradice completamente al rumbo mantenido hasta ahora ya que la Unión Demócrata Cristiana (CDU) ha sido siempre el fiel aliado de la industria nuclear en este país centroeuropeo.

El hecho de que su presidenta tome esta decisión tan sólo dos semanas antes de dos elecciones regionales muy importantes le da tufo a oportunismo político, sobre todo porque la moratoria decretada carece de base legal. Por otro lado, se han dado señales por parte de los poderes fácticos de que Alemania sí podría estar al inicio de un camino que conducirá al abandono definitivo de esta fuente de energía que ha vuelto a mostrar que en situaciones límites se hace indomable.

El martes, la canciller Merkel decretó una moratoria de tres meses sobre la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares. En su día tanto la CDU como su socio de Gobierno, el Partido Liberal (FDP), querían dar por finalizado de esta forma el «compromiso nuclear», que en 2000 suscribieron Gerhard Schröder (SPD) y su bipartito, formado por el Partido Socialdemócrata (SPD) y los Verdes, con la muy influyente industria energética alemana.

Son cinco las empresas germanas que se han repartido el mercado nacional y cuyas 17 centrales nucleares generan el 28% de la energía que requiere el país. (En comparación, el vecino Estado francés produce el 80% de su energía con sustancias atómicas). A ello hay que añadir la amplia gama de empresas que se dedica a la construcción de estas plantas energéticas.

«El paro de los reactores viejos les costará unos 500 millones de euros a los gigantes energéticos» tituló el miércoles el semanario «Der Spiegel» en su página web. Ya el día anterior recordó que en tiempos normales la industria nuclear no se habría quedado quieta ante esta pérdida económica que podría multiplicarse en la medida en la que dichas centrales siguiesen paradas. Varios expertos en derecho han declarado ante los medios de comunicación que la moratoria de Merkel carece de cualquier base legal y que las empresas cuentan con varios argumentos en su favor para que la Justicia anule la decisión el Ejecutivo. Como último recurso le quedaría a Merkel aquel artículo de la Ley Fundamental que permite al Gobierno intervenir de esta forma en el derecho a la propiedad privada para salvaguardar la seguridad de la población. Pero llegando a este extremo, la CDU y el FDP tendrían que reconocer que durante décadas habían respaldado una fuente energética que ha puesto en peligro a 82 millones de alemanes.

La salida de este dilema la ha planteado el buque insignia de los poderes fácticos alemanes, el «Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)», en su comentario «Gastado» publicado este miércoles. Primero decretó que «políticamente se ha terminado el uso pacífico de la energía nuclear en Alemania». Después recomendó que «los actuales y futuros gobiernos federales y regionales tienen que materializar el `cambio energético' en un tiempo más breve sin poner en peligro la seguridad energética ni la competitividad de Alemania».

También el conservador diario «Die Welt» aportó su granito de arena para crear un obstáculo que impida a la CDU dar marcha atrás en algunos meses cuando Fukushima haya dejado de ser noticia. Alertó en su página web de que «se subestima el peligro de terremotos para centrales nucleares alemanas». El artículo se basa en estudios que detallan que las plantas germanas no están hechas para aguantar seísmos de la categoría 6 en la escala Richter que sí se han dado a lo largo de los siglos en estos lares.

La cuestión, que se plantea ahora, es quién va a generar este «cambio energético» que va a la par con otras transformaciones de tipo social y político que datan de mucho antes del desastre japonés. Merkel y su ala pro-nuclear, personificada por el ministropresidente de Baden Württemberg, Stefan Mappus, intentan salvar lo que pueden, con la moratoria por un lado y por el otro con el cierre definitivo de la central más antigua. Si les salen las cuentas, Mappus se mantendrá en el poder en las elecciones regionales del 27 marzo, si no, su derrota se podría convertir en el Fukushima político de Merkel.

La alternativa, que encajaría con el estado de ánimo de la población, sería una reedición del bipartito rojiverde. A principios del siglo, el SPD hacía de enlace entre la industria y los Verdes, representantes del movimiento antinuclear, para llegar al «compromiso nuclear» que terminó con décadas de protesta y blindando así la acción empresarial. El reto del futuro, sin embargo, no sólo se centra en el cierre de las centrales, que va a ser escalonado, sino también ha de encontrar un lugar seguro donde construir un depósito final para los residuos radioactivos.