Los vecinos del ayuntamiento navarro de Eguesibar sufren una inmensa tomadura de pelo. En su día, el ex alcalde Ignacio Galipienzo (UPN) fue condenado por prevaricación al conceder ilegalmente licencias para un apartahotel a un grupo para el que, al mismo tiempo, realizaba labores de asesor. Ahora, otra sentencia castiga al actual Ayuntamiento a abonar siete millones de euros a la empresa promotora como indemnización por aquel proyecto, frustrado al descubrirse que estaba carcomido por la corrupción. A Galipienzo se le impuso por aquello sólo un año de prisión. Los promotores, que lógicamente eran la otra cara de la moneda, salieron indemnes. Y los paganos al final serán los vecinos. Esos 7 millones son el 81% del presupuesto municipal.

En términos jurídicos, el asunto es difícil de explicar. En términos políticos, está muy claro. En 2001, el Supremo español rebajó a cuatro años la condena a Gabriel Urralburu, tras constatarse que se había enriquecido a costa de las obras públicas con todos los agravantes posibles, entre ellos el de ser el presidente navarro. ¿Acaso iba a haber más castigo para un alcalde del pueblo? También entonces los ciudadanos fueron los paganos. Ciudadanos que perciben cada vez más claro que la corrupción no es algo puntual ni casual en Nafarroa, sino estructural y blindado por décadas de impunidad.