El fallo judicial que condena al Ayuntamiento de Eguesibar a pagar siete millones a una empresa por los negocios de su ex alcalde Ignacio Galipienzo, condenado por corrupción, no sólo ha provocado estupor general, sino que pone en un aprieto a UPN, partido al que pertenecía Galipienzo y que tendrá que afrontar ahora el problema al seguir manteniendo la Alcaldía a través de Josetxo Andía.

En este contexto, el presidente del Gobierno navarro, Miguel Sanz, intentó argumentar ayer que la sentencia da la razón a sus tesis. Para ello tuvo que «olvidar» que en el primer momento avaló la «transparencia» de la política urbanística de Galipienzo y dijo que no había motivos para dudar de la legitimidad de su patrimonio. Tras con- firmarse que había incurrido en delito, UPN le retiró su apoyo.

Para Sanz, por contra, lo importante es que esta polémica sentencia ha confirmado que el Gobierno navarro acertó al retirar la licencia para construir un apartahotel en un solar para uso escolar porque «eso no se ajustaba a la legalidad vigente».

Al presidente navarro se le planteó si el Gobierno de UPN va a ayudar al Consistorio de Eguesibar a desembolsar los siete millones de euros impuestos como indemnización a la promotora. «Quien tiene que hacer algo es el Ayuntamiento, pero en ese caminar contará con todo el respaldo técnico y administrativo que le podamos prestar», respondió.

IA: «Intolerable»

La izquierda abertzale de Eguesibar calificó de «intolerable que las consecuencias de este despropósito caigan sobre el conjunto de la ciudadanía. Exigimos que se adopten las medidas pertinentes para depurar las responsabilidades personales de los cargos públicos que por acción u omisión propiciaron estas irregularidades», añade.

La nota remarca que los argumentos dados ahora desde UPN no tienen sentido. Para ello, recuerda que «la licencia para construir un apartahotel en una parcela de uso definido como escolar fue una gota de un flujo constante desde hace varios años antes y que no ha dejado de fluir. Lo que era evidente para muchos y muchas habitantes del valle resultó `casualmente' una `sorpresa' para UPN, el partido del ex alcalde y del actual alcalde Josetxo Andía, concejal de Urbanismo en la época de Galipienzo», cita la izquierda abertzale.

Añade que la corrupción era denunciada por asociaciones vecinales desde 2000. Y que esta dinámica desarrollista ha seguido después con un plan de 30.000 viviendas que no responde a necesidades sociales.