El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado una sentencia contra Sidenor y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para que hagan frente a la pensión de un ex trabajador, Francisco Muñoz Quevedo, de Aceros de Llodio, afectado por asbestosis pulmonar desde hace tres años y medio al haber estado en contacto con el amianto. A causa de esa enfermedad, sufre insuficiencia respiratoria e hipertensión pulmonar. Al ser declarada enfermedad profesional, su pensión pasará de 629,02 euros mensuales a 3.000 euros brutos mensuales, como explicó ayer CCOO en un comunicado.

Muñoz entró a trabajar en Aceros de Llodio (Sidenor) en 1974 como operario de acería. En 1992 esa empresa cerró. En 2008, la Seguridad Social determinó esa enfermedad profesional como común, por lo que el trabajador percibía una pensión mensual de 629,02 euros. Sin embargo, la sentencia del TSJPV confirma el origen profesional de la misma, por lo que la pensión se quintuplicará.

Kepa González, responsable de Salud Laboral de la Federación de Industria de CCOO de Euskadi y ex trabajador de Aceros de Llodio, señaló que «con esta sentencia y el reconocimiento de otros casos, estamos revelando una parte muy importante de la historia de una planta que ha dejado una herencia terrible en términos de salud ante su elevada incidencia».

Asepeyo y el autónomo

El Juzgado de Lo Social número 10 de Bilbo ha confirmado, por otro lado, la enfermedad profesional -un mesotelioma (cáncer)- de un albañil, Conrado Lizarralde Bardají, que falleció en agosto del pasado año. Es una de las pocas sentencias que se ha resuelto a favor de un trabajador autónomo. Este trabajó para la empresa Ignacio Menchaca Bustinza, que tenía contratada a la mutua Asepeyo para las contingencias profesionales.

La Seguridad Social le reconoció la enfermedad derivada del uso del amianto en el sector de la Construcción, que la utilizó de forma masiva entre los años setenta y los años ochenta del pasado siglo. Sin embargo, la mutua recurrió esa contingencia contra la viuda una vez que el trabajador falleció. Finalmente, la sentencia confirma que la mutua Asepeyo es responsable.

Por otro lado, ayer se celebró un juicio en el Juzgado de lo Social nº 2 de Bilbo para reclamar la prestación de viudedad derivada de enfermedad profesional del trabajador fallecido Alfonso Martínez. Prestó sus servicios en Elecqui entre 1963 y 1993. Esta empresa utilizó el amianto y, por otro lado, cuenta con varias sentencias en su contra.

El trabajador falleció en febrero del año pasado por una asbestosis pulmonar. Durante el juicio, Mutualia, que es la responsable de las contingencias profesionales de Elecqui, así como la Seguridad Social, rechazaron que la causa de la muerte de Alfonso Martínez fuera debida a la asbestosis, sino a otras patologías, a la vez que se responsabilizaron entre ellas en caso de tener que hacer frente a los costes de la prestación de viudedad derivada de enfermedad profesional, tal y como reclamó la abogada del fallecido.

Nadie discutió que en esa empresa, que actualmente se encuentra cerrada, se trabajó con amianto. La abogada de la viuda del trabajador presentó como perito a su médico de cabecera, como testigo de la evolución de la enfermedad de Alfonso Martínez. Victoria Astobiza señaló que la asbestosis pulmonar que sufrió el trabajador le debilitó «ya que en pocos años perdió mucho peso», lo que unido a otras patologías, derivó en su muerte.

Para ella, fue clara la relación directa entre el uso del amianto y la asbestosis, y su posterior fallecimiento a los 80 años de edad. Reconoció que en los primeros informes, ante la falta de análisis más concienzudos, este extremo pudo quedar en duda, pero insistió en que «una vez que recibí y analicé todos los informes completos, se ve esa relación directa por el deterioro que le estaba produciendo la enfermedad derivada del contacto con el amianto. Sin duda», dijo.

Médico de familia

También rechazó que se debiera a una cirrosis hepática, como insinuaron la Seguridad Social y Mutualia, a raíz de algunos informes existentes. Incluso, un médico de familia de Mutualia, Carlos Sarabia, descartó también ese extremo.

Llamó la atención que el abogado de Mutualia llamara como testigo a ese médico de familia de la mutua, sin ser médico del trabajo. Este hecho provocó diversos comentarios entre los asistentes, porque «un médico de la misma empresa no va a declarar en contra del abogado de la empresa que le paga».