Por lo que vemos y oímos estos días, si la decisión de legalizar Sortu estuviese en manos del lehendakari, del PSE, del resto de partidos salvo el PP, de la mayoría de ciudadanos vascos, o de los movimientos sociales y los sindicatos vascos, estaría claro el resultado: Sortu participaría en las elecciones de mayo (...).

Pero claro, digan lo que digan unos y otros, la decisión no está en sus manos porque, como recuerda a diario el gobierno, es una decisión judicial, corresponde a los tribunales, a los jueces del Supremo, ya que somos una democracia con división de poderes y tal.

Es cierto que serán los jueces de la sala 61 los que suban o bajen el pulgar, pero no tengo tan claro que se trate de una decisión judicial pura ante la que sólo cabe esperar, y luego acatar. En realidad, desde que se aprobó la ley de partidos hace diez años se han sucedido las decisiones políticas: la propia aprobación de la ley, las reformas que la han endurecido, y por supuesto las sucesivas peticiones de ilegalización por parte del gobierno de turno, incluida ésta última, que presentan la abogacía del Estado y la fiscalía de parte del gobierno.

Tan política es la decisión, que sus consecuencias van a ser inequívocamente políticas: a corto plazo, la composición de muchos ayuntamientos vascos, que dependerá de si están presentes todas las opciones políticas. A medio plazo, el proceso de paz, que saldrá reforzado o dañado. Y a más largo plazo, el próximo gobierno vasco, pues el actual PSE-PP se basa en un parlamento que no representa el verdadero reparto de fuerzas.

Sin embargo, hay algo cierto: aunque sea una decisión política y con consecuencias políticas, en último término se deja en manos de jueces. Y con el Supremo hemos topado, con una sala 61 que vista su trayectoria dará previsiblemente la patada a Sortu. Así que amenizaremos la espera del Constitucional canturreando el mismo estribillo: «corresponde a los tribunales la decisión».