Tras la decisión del Tribunal Supremo
La izquierda abertzale asegura que el Gobierno no va a cambiar su apuesta
La izquierda abertzale vislumbra un trasfondo político, guiado por «una estrategia que pretende frenar y abortar la nueva fase política abierta en Euskal Herria», detrás de la decisión adoptada por el Tribunal Supremo que impide la inscripción de Sortu en el registro de partidos. Al mismo tiempo, subraya que corresponde a la mayoría política, sindical y social de Euskal Herria «hacer frente a esa realidad» y responder a esta decisión «como pueblo».
Janire ARRONDO | DONOSTIA
«Se ha acabado la conculcación permanente de derechos. Euskal Herria no acepta más ilegalizaciones». En estos términos respondió la izquierda abertzale a la decisión del Tribunal Supremo de prohibir la inscripción de Sortu, reiterando, una vez más, su apuesta por las vías políticas y democráticas para la solución del conflicto que vive Euskal Herria. «Hoy más fuerte que nunca decimos que lo que Madrid niega a este pueblo va a venir de la mano de la izquierda abertzale: un nuevo escenario donde se puedan confrontar todos los proyectos en absoluta igualdad».
En la rueda de prensa celebrada en Donostia, en la que estuvieron presentes Txelui Moreno, Marian Beitialarrangoitia, Miren Legorburu, Rufi Etxeberria, Tasio Erkizia, Agurne Barruso y Maider Ziganda, definieron la sentencia del Supremo como «una decisión política que responde a la estrategia que pretende frenar y abortar la nueva fase política abierta en Euskal Herria».
Moreno, que ejerció de portavoz, señaló a un único responsable: el PSOE. Acusó al Gobierno español de responder a la nueva fase política «profundizando en la represión y la imposición sin importarle ni las formas ni los principios democráticos, ni la defensa de los derechos». Matizó que «todas las condiciones y agresiones que ha padecido Sortu» han sido provocados por la «actitud servil» del PSOE hacia el PP. Así, destacó que, «una vez que quedó claro que cumplía con la ley», han ido añadiendo más condiciones a Sortu y «esto ha ido acompañado de una práctica represiva con detenciones y con casos de torturas espeluznantes».
Para la izquierda abertzale «todos esos zarpazos» responden a la «debilidad política» del Gobierno español, que pretende «perpetuar el conflicto porque no tiene oferta política que hacer a este pueblo». Ése es el trasfondo político de las detenciones, de las torturas y del pronunciamiento del Supremo, según dijo Moreno.
Aseguró que Madrid piensa «entorpecer la nueva fase política», pero advirtió de que no es con la izquierda abertzale con quien van a tener dificultades, sino con la mayoría política, sindical y social de Euskal Herria.
Y es que la izquierda abertzale quiso remarcar la firmeza de su apuesta por un escenario democrático donde todas las opciones políticas puedan actuar en igualdad de condiciones y «sin ningún tipo de veto ni persecución». En este sentido, manifestó que, si Madrid no garantiza los medios necesarios para ello, «le corresponde a la mayoría política, sindical y social de Euskal Herria hacer frente a esta realidad y responder a la decisión de Madrid como pueblo».
Precisamente, aplaudieron a esa mayoría que se ha sumado a la nueva fase política abierta en Euskal Herria, una mayoría que «ha dado grandes pasos» en la acumulación de fuerzas y que aparece como un sujeto «cada vez más consolidado y más organizado».
Ante el fallo del Supremo, Moreno se mostró convencido de que esa mayoría lo rechaza: «En Euskal Herria no se entiende, no se comparte una sentencia que mira al pasado y da la espalda a una nueva fase política de soluciones». Por ello mismo, aseguró que el Estado español «está más deslegitimado que nunca» y que ahora resulta más notorio que «la estrategia PP-PSOE ha fracasado».
Aunque le cueste más o menos, la izquierda abertzale recalcó que seguirá avanzando en el proceso abierto y que el Gobierno español no va a conseguir que cambie el rumbo. Denunció que «no han querido hacer caso al requerimiento de este pueblo», pero insistió en que «no podrán ocultar este clamor bajo ninguna alfombra y en ningún cajón del Supremo».
«Posición discursiva» de López
Haciendo referencia a los pronunciamientos que el lehendakari Patxi López ha vertido sobre la legalización de Sortu en el tiempo que ha trascurrido desde que se presentaron los estatutos en el Ministerio de Interior, Moreno dijo que la actitud del Gobierno del PSOE «ha dejado totalmente en evidencia su posición discursiva». Si bien reconocía que las últimas declaraciones de López «iban en buena dirección», lamentó que, tras la sentencia, «sus palabras no sirven». No obstante, Moreno animó al lehendakari y líder del PSE a aclarar qué actitud va a tomar ahora y qué va a hacer para «mover a su partido». «¿Qué va a hacer para que se cumpla la voluntad de la mayoría social de la que es lehendakari para que la legalización de Sortu sea realidad?», preguntó.
Sospechas y prejuicios
Sortu, por su parte, rechazó la decisión del Tribunal Supremo, achacándola a una «estrategia definida por el PSOE y el PP», y criticó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En una nota de prensa que difundieron a media tarde, los promotores de Sortu remarcaron que los estatutos presentados «cumplen con la Ley de Partidos», asegurando que, al tomar su decisión, los magistrados se han basado en sospechas, prejuicios y puntos de vista políticos concretos, dejando de lado el punto de vista jurídico. Al mismo tiempo, acusaron al Gobierno español de querer «cerrar las puertas a la ilusión que se está extendiendo en Euskal Herria».
Pese a todo ello, Sortu también lanzó un mensaje de optimismo y esperanza, al asegurar que «nuestro pueblo avanza». «El paso dado hacia la legalización y la opinión favorable a la legalización son pasos que permiten avanzar en la normalización política», añadió.
Sortu adelantó que, una vez que reciba y analice la sentencia de la Sala del 61, dará a conocer tanto su valoración como las diferentes medidas que adoptará.
«El PSOE no está a la altura»
La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, por su parte, comentó en una entrevista a Info7 que «el que ha tomado la decisión, más que el Tribunal Supremo, es el PSOE, que no está a la altura de las circunstancias, que no tiene ni capacidad ni voluntad política por hacer una decidida apuesta por dar una resolución democrática al conflicto». Dijo que «era previsible», pero no por ello «menos grave».
El movimiento pro amnistía también valoró de forma negativa la decisión del Supremo. En su opinión, la comentada sentencia ha dejado en evidencia «la falta de democracia» del Estado español. «La política de ilegalizaciones tiene objetivos políticos claros que siguen vigentes, aunque en Euskal Herria estemos en una nueva fase política», recogía en una nota remitida a los medios.
El organismo antirrepresivo señaló que cada «ataque» del Gobierno español supone «una razón más para seguir trabajando». «Las ilegalizaciones, las operaciones policiales, torturas, encarcelaciones, prohibiciones y la represión refuerza la necesidad de un proceso democrático», remarcó.
A través de una nota de prensa, Sortu denunció que «han dejado de lado el punto de vista jurídico y se han basado en sospechas, prejuicios y puntos de vista políticos concretos». «Sortu cumple la Ley de Partidos», remarcó.
A lo largo del día de ayer fueron trascendiendo nuevos datos sobre la reñida deliberación que se produjo entre los dieciséis magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, hasta el punto de que la decisión final de vetar la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos se adoptó por nueve votos a favor de la prohibición y siete en contra.
En un primer momento sólo se había conocido que tres magistrados iban a hacer públicos votos particulares desmarcándose de la mayoría. Tampoco se descarta que a ellos pueda sumarse todavía algún otro juez.
El estrecho margen por el que ha prosperado la prohibición en un tribunal de mayoría «conservadora» hace prever que es posible que la decisión pueda ser revertida por el Constitucional, que tiene ahora una mayoría calificada de «progresista».
La defensa de Sortu da por imposible que el TC pueda pronunciarse antes del 18 de abril, fecha en la que han de presentarse las listas. De hecho, los abogados disponen de treinta días para presentar su recurso a partir de cuando reciban la sentencia. GARA
Existía la evidencia de que una mayoría social en Euskal Herria consideraba que la izquierda abertzale había dado los pasos necesarios para que pudiera ser legalizada, pero el fallo contrario del Tribunal Supremo ha contribuido a desvelar que también en el Estado español había importantes sectores políticos e institucionales que compartían esa opinión.
La primera evidencia en ese sentido es el hecho de que la propia Sala del 61 se dividiera prácticamente por la mitad a la hora de tomar su decisión. Nueve votos contra siete es una votación desconocida en casos anteriores, lo que, como dijo ayer el portavoz en el Congreso de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, muestra que «alguna duda debe haber» sobre la tesis oficial de la sucesión.
Conocido el fallo prohibitivo, cabía esperar la cascada de reacciones críticas con el Tribunal Supremo de aquellos partidos, sindicatos y organizaciones que en otras ocasiones también se habían pronunciado en favor de la legalización. Y así fue. PNV, ELA, Aralar, EA, EB, Abertzaleen Batasuna, STEE, ESK, Lokarri comenzaron pronto a dejar constancia de su denuncia.
Pero lo que diferencia este caso de otros anteriores es, por ejemplo, que el portavoz de la Generalitat catalana, Francesc Homs, tras expresar como es habitual su respeto hacia la decisión del Tribunal Supremo sobre Sortu, asegurara que «desde un punto de vista más político, hay elementos para comprender esta decisión judicial y hay elementos para no entenderla».
Tampoco ha ocurrido en ocasiones anteriores que el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, diga en TVE que la izquierda abertzale tiene «una voluntad real de avanzar en una línea de abandono de la violencia» y que, por tanto, «tienen que continuar con el proceso» de legalización a pesar de que el fallo del Supremo «no facilita ni agiliza» ese objetivo.
Por su parte, el secretario de UGT-Euskadi, Dámaso Casado, dijo que «siempre tiene muchas dudas» sobre los jueces, que «la inmensa mayoría de los jueces están en manos de la derecha», y que algunas decisiones que toman «no las comparto». En todo caso, aclaró que «no nos queda más remedio que respetar» la decisión.
El coordinador general de IU, Cayo Lara, aseguró que el veto del Supremo es un «error» y añadió que existen «razones jurídicas de peso» que podrían acreditar la «inoportunidad» del fallo.
Más habituales han sido los pronunciamientos de ERC en favor de la legalización, que incluso los ha hecho ante Zapatero y Rajoy en los plenos del Congreso. Joan Ridao insistió ayer en que «es evidente que la presión política del Gobierno y el PP ha hecho mella en los magistrados».
El BNG se sumó desde Galicia a quienes piensan que el veto es «una oportunidad perdida» y una «mala noticia para la democracia», y que la Ley de Partidos «es un problema, no una solución».
Este muestrario sirve para ver que Sortu ha activado resortes que en otras ocasiones no se han movido. GARA
Además de expresar su satisfacción por el veto del Tribunal Supremo a Sortu, representantes del Gobierno español, del PP y hasta el presidente navarro, Miguel Sanz, pasaron a amenazar a nuevos agentes políticos, siempre con la mira puesta en las próximas elecciones.
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, tras congratularse porque Sortu «no podrá concurrir, como tal, a las elecciones», advirtió de que la Abogacía el Estado estará vigilante para que no se vulnere la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y «no haya vías fraudulentas de penetración» dentro de listas de otros partidos. «Allí donde se produzca una vulneración de la LOREG, allí estará la Abogacía del Estado, en su caso la Fiscalía, para que se aplique y se observe la Ley», insistió. Preguntado sobre la posibilidad de que personas históricamente vinculadas a la izquierda abertzale vayan en listas de algún partido legal, señaló que ya se ha vivido «esa experiencia» en situaciones anteriores, por lo que existe jurisprudencia «que nos enseña el camino a seguir».
El titular español de Justicia destacó que la reciente reforma de la Ley Electoral se ha acometido, «precisamente, para evitar que puedan persistir vías, en cierto modo fraudulentas de penetración dentro de las candidaturas, e incluso de las listas de los propios partidos políticos». «Por tanto, se aplicará la nueva Ley prevista y la nueva reforma, que creo que será suficiente para evitar que se produzca que los que no son realmente demócratas puedan estar en las instituciones democráticas del gobierno, en este caso del gobierno local», insistió Caamaño.
Desde el PP, su presidente, Mariano Rajoy, que dijo estar «muy contento» con el fallo, pidió que «el Gobierno se aplique para evitar que haya un plan B con el que los terroristas se puedan presentar a las elecciones». Por su parte, Jaime Mayor Oreja expresó su convencimiento de que la izquierda abertzale «aterrizará» en las instituciones porque, sostuvo, forma parte de un proyecto «pactado» con el Gobierno. En esa línea, afirmó que «se está asistiendo a un proceso sinuoso, tortuoso y retorcido donde todo parece distinto de lo que es».
En Iruñea, Miguel Sanz, en un receso de su último pleno como presidente, declaró que «el entorno de Batasuna no puede utilizar una formación legal y contaminarla en la manera que parece pretende contaminarse», en relación a la nueva oferta electoral progresista y abertzale que se está conformando en Nafarroa.GARA
