Gobierno español y PP respondieron al comunicado de Euskadi Ta Askatasuna, publicado ayer en este diario, rechazando una vez más la implicación de la comunidad internacional, aunque el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, declaró que «es bueno que el cese de la violencia siga y se consolide».

En un acto de presentación de los candidatos del PSE a las Juntas Generales de Araba, el ministro dijo no entender «qué significa una verificación informal» de la tregua y afirmó que sólo le importa saber que «ETA no tiene voluntad de atentar, por lo menos temporalmente». «Se ha producido una ratificación o una confirmación del momento que vivimos» enunció, señalando que «es importante saberlo».

No obstante, insistió en que «la violencia debe cesar para siempre» y reclamó a la izquierda abertzale que «pida a ETA que cese para siempre porque ayudaría mucho a que el proceso democrático se produzca con la palabra, la voz y los votos».

Más parco fue el titular de Justicia, Francisco Caamaño, quien, si bien concedió que «todo cese de violencia y una prórroga siempre es bien recibido», apostilló que «de ETA sólo esperamos un comunicado, y es que abandone de forma definitiva las armas y que se sume a la convivencia pacífica que deseamos todos los españoles».

En otro acto preelectoral de su partido, en este caso en Lugo, y preguntado por el calificativo de «irresponsable» que ETA lanza contra la actitud de los gobiernos de París y Madrid tras el anuncio del alto el fuego, el ministro respondió afirmando que lo «único irresponsable es violar los derechos y las libertades de los ciudadanos en Francia y en España cuando son dos sociedades claramente democráticas».

La organización armada, en su último comunicado, critica que los gobiernos español y francés hayan rechazado su oferta, y además de profundizar en los compromisos adquiridos hace casi tres meses, expresa su disposición de aceptar un «mecanismo informal de verificación» y considera viable que se constituya una comisión internacional con este objetivo.

A este respecto, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, sostuvo que no hace falta verificaciones «de nadie de fuera de España porque estamos en un país democrático y solvente». En parecidos términos se expresó Soraya Sáenz de Santamaría, quien pidió al Gobierno y al PSOE que «no se deje enredar» por el último comunicado de ETA porque es «más de lo mismo». En una entrevista en Onda Cero, opinó que «no sirvió su declaración de alto el fuego y, ni mucho menos, tiene que servir su verificación informal».

Por su parte, el ex ministro de Interior Jaime Mayor Oreja siguió su habitual línea argumental al afirmar que hay un «proyecto de resolución de conflictos entre ETA y el Gobierno». «Lo que hace esencialmente [el comunicado] es confirmar que seguimos en pleno proceso de resolución de conflictos, es decir, un proyecto pactado en su origen entre ETA y el Gobierno», aseguró el ex candidato a lehendakari en declaraciones a la agencia Europa Press. En este sentido, Mayor Oreja argumentó que la propuesta de una verificación internacional informal por parte de la organización armada sólo «tiene sentido como un gesto en un proyecto de resolución de conflictos donde los gestos se hacen uno tras otro».

Madurez y confianza

En Euskal Herria, las valoraciones fueron muy dispares en función del agente político que las hizo. Así, para la izquierda abertzale ETA ha demostrado su «madurez» con el comunicado y considera que la organización armada «deja el testigo del futuro de Euskal Herria en manos del pueblo vasco, de los militantes, y de todos los que queremos apostar por el futuro de este pueblo». En un acto celebrado en Oiartzun, Tasio Erkizia consideró que «la organización ETA demuestra tener confianza en este pueblo, en la ciudadanía, en los militantes de este pueblo porque sabe la determinación que tiene», y es consciente de que «un pueblo que apuesta con determinación por llegar a la independencia es invencible».

Por contra, criticó que el Estado español «sigue intentando torpedear, diciendo que es una tregua trampa, que todo es mentira, porque tiene miedo a cambiar de estrategia». «Tiene miedo a una solución democrática de este pueblo», insistió.

También el portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, hizo una valoración positiva del comunicado. Desde EA, Peio Urizar pidió a los gobiernos español y francés que «se sumen y ayuden a la creación» de una comisión de verificación del alto el fuego de ETA. «Por responsabilidad, los gobiernos español y francés deberían ayudar y ser parte de esa comisión de verificación de desarme, pero lo que estamos viendo es justo lo contrario, lo que se está haciendo es bloquear», se lamentó Urizar en una rueda de prensa recogida por Efe, en la que opinó también que en este momento «lo que no se puede hacer es poner piedras en ese camino».

El PNV, por boca de su presidente, Iñigo Urkullu, consideró que el comunicado de ETA no es sino un intento de «sumirnos en el enredo una y otra vez».

Entre las formaciones vascas fueron Aralar y Hamaikabat las que hicieron una lectura más crítica del comunicado. El vicecoordinador de Aralar, Jon Abril, opinó que ETA «ha hecho nuevamente oídos sordos a lo que la sociedad y los firmantes del acuerdo de Gernika han demandado» porque, sostuvo, «no hay una decisión unilateral». También declaró, sobre la disposición de ETA de admitir una verificación no formal de su tregua, para superar los vetos estatales, que «la paz es una cuestión muy seria y no merece nada de informalidades». Por parte de Hamaikabat, Iñaki Galdos dijo que ETA «desaira a los vascos al no comprometerse con el fin de las armas». En una nota, Galdos pidió que «todas las instituciones vascas estén vigilando de cerca, sin bajar la guardia, todos los planes y movimientos de ETA, sean de cara al momento presente o a medio o largo plazo».

UPN afirmó no ver «nada nuevo» en el comunicado.