El fútbol de élite podría parar este próximo fin de semana. Con disensiones internas y alguna que otra paradoja, la mayoría de clubes de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) votaron en ese sentido el pasado febrero. Sin embargo un juzgado madrileño decidirá esta semana, y tras la vista que se celebrará hoy, si el parón se materializa o no.

Seis clubes, entre ellos Athletic y Real, no están por la labor de acometer esta medida de fuerza -Sevilla y Espanyol se postularon a favor hace un mes, pero han cambiado de parecer y a ellos se suman Villarreal y Zaragoza-, y presentaron una demanda para que se disputasen los partidos correspondientes a la trigésima jornada liguera en los que ellos participan.

La causa principal para justificar este parón futbolístico radica en que los dueños de los clubes no ven avances en sus reclamaciones al gobierno estatal respecto a la anulación de televisar de manera obligada un encuentro de Primera en abierto.

Para ello, han aprovechado tanto el final de la competición -momento en el que están en juego los títulos-, como la situación de precampaña electoral, para forzar una situación que se viene prolongando desde que se promulgase la denominada «Ley Cascos» en 1997.

Tal situación se vio confirmada con la Ley General de Comunicación Audiovisual, de marzo de 2010, al establecer que el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales fijará un catálogo bienal de acontecimientos de interés general, los cuales han de emitirse por televisión en abierto y con cobertura estatal.

Entre ellos figura un partido por jornada en Primera, circunstancia ante la que ningún grupo parlamentario se opuso. Para los empresarios futbolísticos, dicha norma supone una expropiación de derechos a los clubes sin que haya contraprestación por ello, y evalúan que supone una pérdida de ingresos de unos 150 millones de euros anuales, según cifró el presidente de la LFP, José Luis Astiazaran.

Apuestas deportivas

Otra demanda, aunque de menor calado, es que la Ley del Juego, actualmente en tramitación parlamentaria, estipule el retorno económico que deben percibir los clubes respecto de las apuestas deportivas. Entiende la LFP que la Ley reguladora del Deporte Profesional -aún no concluida y que determinará las cantidades- no garantiza el mantenimiento del actual porcentaje para dicho organismo, establecido en un 10%.

En el trasfondo de toda esta polémica vuelve a resurgir la lucha por el control de los ingresos televisivos y su reparto, así como el derecho del ciudadano a disfrutar sin coste alguno de una disciplina deportiva mediáticamente extendida -máxime en momentos de crisis económica-, y el saneamiento de unas entidades deportivas que llevan viviendo muchos años por encima de sus posibilidades.

Paradojas y contradicciones

Todo este revuelo también trae consigo un buen número de paradojas y contradicciones. Como la de que sean ahora los empresarios del deporte rey quienes propugnen una medida de fuerza -en lugar de huelga prefieren hablar de retraso-, en manifiesta incoherencia con la postura que mantuvieron cuando fueron los futbolistas quienes quisieron protagonizar una acción similar a principios de año.

Llámesele como se quiera, el que no se dispute la jornada de este fin de semana alteraría el calendario y el final de la Liga, que debería retrasarse del 22 de mayo al 12 junio, ante la imposibilidad de otras fechas.

Así, el final de la Liga Europa ya está reservado para el 18 de mayo -miércoles-, la Liga de Campeones se disputará el 28 del mismo mes -sábado- y las selecciones deberán jugar entre el 3 y el 7 de junio. En las manos y criterio de la jueza Purificación Pujol está que la competición siga su curso normal, o que se transforme en un galimatías de fechas.