La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española tiene previsto iniciar a partir de hoy el juicio en el que Miguel Ángel Planchuelo, quien fuera jefe de la Brigada de Información de la Policía española en Bilbo, está acusado de un delito de «pertenencia a banda armada» y seis de «asesinato en grado de tentativa» por los atentados cometidos en los bares Batxoki y Consolation de Baiona, en 1986.

La acusación particular, que pide 114 años de prisión contra el ex comisario, considera que él fue el instigador de esos dos ataques con armas de fuego que dejaron varios heridos en los citados establecimientos, que eran frecuentados por refugiados políticos vascos. Como recogía ayer Europa Press siguiendo el relato de la Acción Popular contra los GAL, Planchuelo dio instrucciones a tres mercenarios de nacionalidad portuguesa -Paolo Figueiredo Fontes, Rogelio Fernando Carvalho da Silva y Jorge Ferreira Cisneros Ferreira- para cometer los dos atentados.

La Fiscalía, en cambio, estima en su escrito de conclusiones preliminares que no puede considerarse a Planchuelo autor de esos delitos.

Nuevos «papeles» publicados

En la víspera del inicio de este juicio, el diario «El Mundo» sacó a la palestra en su edición de ayer a otro presunto implicado en la trama de los GAL, al que identifica como Jacinto Ángel Guerrero Lucas en una información titulada «Un agente de Interior frenó en Francia los procesos contra el GAL».

Este rotativo presenta a Guerrero como «ex anarquista, alto grado de la masonería francesa, espía y asesor del Ministerio del Interior en la etapa socialista». Y afirma que, de los documentos que ha podido analizar, se desprende que el supuesto espía informaba directamente al entonces secretario de Estado Rafael Vera y al propio Felipe González de sus actividades en la lucha contra ETA.

«El Mundo» asegura que en las «actas del asesor de Interior» que están en su poder aparece el nombre y apellido del «juez colaborador» que habría prevaricado para frenar las investigaciones sobre los atentados reivindicados por los GAL.

También da por sentado que Guerrero comenzó a colaborar con el Ministerio español de Interior en octubre de 1983, tras el secuestro y posterior ejecución de los jóvenes tolosarras Joxean Lasa y Joxi Zabala, que es considerada la primera acción de los GAL, a la que siguió, apenas un mes después, el secuestro de Segundo Marey.