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«Caso Faisan»

Dos enseñanzas interesantes de otro voto discrepante

El juez José Ricardo Prada da una lección básica de lo que en el mundo civilizado se entiende que es un proceso negociador. La deberían atender en el PP, pero también en el Gobierno.

Iñaki IRIONDO

Las profundas divergencias que últimamente florecen en decisiones trascendentales de los más altos tribunales se están convirtiendo en interesantes elementos de análisis para el estudio de las conexiones jurí- dico-políticas que se producen en el Estado español.

El voto particular del «caso Faisán» es una explicación sencilla del «abc» de cualquier proceso negociador. El magistrado José Ricardo de Prada Solaesa viene a decir que estas cosas se hacen en todo el mundo y las han hecho también gobiernos españoles anteriores, por lo que no hay en lo visto ni delito ni siquiera motivo de escándalo social o político.

Las palabras del juez de la Audiencia Nacional -ente poco sospechoso de laxitud con los delitos de «terrorismo», aunque últimamente la AVT vea traidores hasta en el Supremo- se entienden como una denuncia de la actuación que mantienen el PP y sus terminales mediáticas. Sin embargo, también el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba puede aplicarse parte del tirón de orejas, puesto que su defensa está siendo la de negar que haya hecho, en el episodio del Faisán y en otros momentos de la negociación, lo que la experiencia histórica e internacional aconseja. Su respuesta ante el PP es «fuimos más duros que ustedes».

Otro elemento elocuente del voto particular es la acusación a la mayoría de haber primado la política sobre el Derecho, una recriminación que también podía leerse en la posición común que hicieron pública los siete magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo discrepantes con el veto a Sortu.

La imputación es especialmente relevante porque proviene de dentro mismo de los altos tribunales, de magistrados que conocen la vida interna de la institución y que, sobre todo, se conocen bien unos a otros. No son, por tanto, las críticas más o menos previsibles que pueden lanzar quienes se ven perjudicados por la decisión judicial, sino que son los propios magistrados quienes se acusan entre sí de claudicar ante intereses políticos e incluso partidistas.

Así se entiende que sean portavoces políticos los que una y otra vez insistan en la vigencia del Estado de Eerecho. Los jueces saben de lo que hablan y lo dan por fenecido.

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