Los kurdos de Kurdistán Occidental, administrado por Siria, han conseguido después de medio siglo de espera y de protestas que las autoridades del país les concedan la ciudadanía de la que les privaron en 1962 con la elaboración de un polémico censo, pero siguen reclamando derechos culturales y políticos.

Enfrentado a una ola de protestas sin precedentes desde hace más de tres semanas, el presidente sirio, Bashar al-Assad, que la semana pasada anunció reformas, promulgó ayer un decreto por el que acuerda otorgar la ciudadanía a los habitantes de origen kurdo privados de ella en el norte del país, anunció la agencia oficial siria Sana.

La medida afectará, en principio, a unas 300.000 personas, informó AFP.

«El presidente Assad promulgó un decreto que otorga a personas registradas como extranjeras en la (gobernación de Hassake) la ciudadanía árabe siria», afirmó el comunicado oficial. «El decreto será aplicado tras la publicación en el diario oficial y será el ministro del Interior el encargado de hacerlo», agregó el comunicado.

El 31 de marzo, el jefe de Estado había ordenado crear una comisión «encargada de solucionar el problema del censo organizado en 1962 en la gobernación de Hassake». Esta comisión debía terminar sus trabajos antes del 15 de abril para que el presidente Al-Assad promulgara un decreto correspondiente.

En 1962, el 20% de los kurdos que habitan Kurdistán Occidental, en el norte del país, fueron privados de su ciudadanía tras la elaboración de un controvertido censo, según las organizaciones de derechos humanos.

El Gobierno argumentó que grupos de kurdos llegados «ilegalmente» de países vecinos, en particular de Kurdistán Norte -administrado por Turquía-, se instalaron en 1945 en la gobernación de Hassake y lograron inscribirse de manera «fraudulenta» en los registros civiles sirios.

Este asunto ha envenenado durante mucho tiempo las relaciones entre el Gobierno sirio y la comunidad kurda.

Los kurdos sin ciudadanía viven un verdadero problema de difícil solución: no pueden trabajar en empresas públicas o como funcionarios, y no pueden emigrar a otro país pues no tienen pasaporte.

Seguir reivindicando

Tras conocerse la promulgación del decreto, Radif Mustafá, presidente de la asociación kurda de derechos humanos, señaló a AFP que «es obviamente un paso positivo, pero vamos a seguir reivindicando nuestros derechos civiles, políticos, culturales y sociales».

«Es un paso en la dirección correcta, ya que repara una injusticia de medio siglo», indicó, por su parte, Fuad Alliko, miembro del comité político del partido kurdo Yakiti, prohibido como el resto de movimientos políticos en Siria experto el partido Baaz y otros grupos menores afines.

En la actualidad hay doce partidos kurdos, todos prohibidos y laicos, entre los que destacan por su influencia el Yakiti, el Partido Democrático kurdo en Siria, el partido Tazidi kurdo y la Unión Democrática, afín al PKK.

En un país que se presenta como el cuna del arabismo, estos partidos se defienden de todo objetivo independentista, pero quieren poder expresarse en kumandji, una de las dos lenguas kurdas. «Queremos que en las escuelas se enseñe el kurdo al mismo nivel que el francés y el inglés, queremos poder celebrar nuestras fiestas sin ser acosados por los servicios de seguridad y queremos tener centros culturales para dar a conocer nuestra historia y transmitir nuestro patrimonio», sostuvo Alliko.

Todo esto está prohibido hasta ahora para esta población mayoritariamente agrícola que vive en el noreste de Siria.

En noviembre de 2009, la ONG Human Rights Watch, con sede en Nueva York, pidió a las autoridades sirias «poner fin» a la represión contra la comunidad kurda y denunció la detención de sus líderes y «la prohibición de reunirse para celebrar la cultura kurda».

En el ámbito político, Alliko abogó por la «apertura de un diálogo entre los líderes del movimiento kurdo y el poder» y el «reconocimiento de nuestras particularidades a través de una forma de autonomía de las regiones de mayoría kurda», algo que el régimen de Al-Assad no está dispuesto a aceptar.

Coincidiendo con este anuncio, las autoridades sirias liberaron el miércoles a 48 detenidos, la mayoría de ellos kurdos, que habían sido arrestados hace un año en Kurdistán Occidental durante los incidentes registrados con motivo de la festividad nacional del Newroz, el 21 de marzo, anunciaron seis organizaciones de defensa de los derechos humanos en un comunicado conjunto.