El pasado 25 de marzo, el Estado español autorizó la publicación del informe que el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT) había redactado tras su visita de septiembre y octubre de 2007, tras haberlo retenido durante más de tres años. Cuesta entender el porqué de este retraso, dado que, como explica el propio Gobierno español en su respuesta, la tortura no existe en este Estado y, por lo tanto, ahondar en su prevención es innecesario.

Pero pese a esta «inexistencia» de la tortura, el CPT insiste en un extenso informe en solicitar medidas para su erradicación y se muestra dispuesto a tomar medidas excepcionales contra el Estado español, como hacer pública una declaración condenatoria sobre esta cuestión en vista de «la persistente no aplicación por parte de España de ciertas recomendaciones» tras las 11 visitas realizadas. Pero es que el CPT, al que la prensa en Madrid ya estaba desacreditando antes incluso de que se hiciese público su informe, solicita cosas imposibles, como que «las autoridades españolas se aseguren de que un mensaje de tolerancia cero al maltrato de las personas detenidas llegue a todos los agentes de la ley a todos los niveles», un mensaje que debe hacerse desde las instancias políticas adecuadas y que debe acompañarse de las medidas prácticas que aseguren su cumplimiento, incluidas las reformas legislativas necesarias.

Además, esto se lo dice no sólo al Poder ejecutivo, Al Judicial le dice, utilizando expresiones como «el CPT recomienda una vez más», que garantice la tutela efectiva de los derechos de las personas detenidas y que cada vez que una persona detenida denuncie algún tipo de maltrato, y aun sin denunciarlo aparente haberlo sufrido, tome las medidas encaminadas a «asegurar la correcta investigación de la denuncia», una forma diplomática y elegante de decir que estas investigaciones y esta tutela judicial efectiva no se están produciendo.

El informe del CPT es demoledor, especialmente en lo referido a la tutela policial, llegando a declarar su preocupación por la actuación de cuerpos policiales concretos, citando a la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Madrid y al operativo antiterrorista de la Guardia Civil que llevó a cabo 11 detenciones entre el 28 de marzo y el 1 de abril de 2007, y al que se acusó de cometer torturas que son recogidas y descritas en el propio informe del CPT.

En su vertiente preventiva, el informe del CPT es especialmente duro con la detención incomunicada, solicitando que se garantice la asistencia letrada desde el principio de la detención, una reunión en privado con el abogado antes de la toma de declaración; que se prohíban los interrogatorios sin asistencia letrada; que se prohíba cegar y/o encapuchar a las personas detenidas durante los interrogatorios o los traslados (puesto que puede suponer un maltrato psicológico); que se obligue a las personas intervinientes en los interrogatorios a identificarse; que se graben en video y audio tanto los interrogatorios como todo el tiempo pasado en detención incomunicada; que se regule la duración de los interrogatorios, el tiempo de descanso dentro de los mismos, así como el tiempo de descanso entre interrogatorios... que la puesta a disposición judicial no se demore más de 72 horas, con independencia de que luego se prolongue o no la incomunicación; que en menos de 42 horas se informe a la persona solicitada por la persona detenida el lugar de su custodia; que se reconozca el derecho de las personas incomunicadas a ser reconocidas por un médico de su confianza. Al final, menos la eliminación de la propia detención incomunicada, se pide todo lo que vacía de contenido la incomunicación y refuerza las garantías judiciales, así como el respeto a la dignidad y los derechos de las personas detenidas.

El informe del CPT pasa después a recomendar cómo actuar en la custodia policial ordinaria. Solicita que se garantice un sistema de visitas no anunciadas a los espacios de custodia y que estas sean realizadas por «nuevas autoridades especializadas e independientes». Después pasa al mundo penitenciario, en el que recomienda que haga saber a los funcionarios que «cualquier forma de maltrato, incluidos los abusos verbales, son inaceptables y serán objeto de duras sanciones», que se mejoren las condiciones sanitarias y la asistencia médica, que no se sancione a las personas presas por presentar denuncias, que se mejoren las condiciones de vida de las mujeres presas y un largo etcétera que termina con las dudas que al CPT le genera el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, puesto que no entiende que el Tribunal Sentenciador ejerza las funciones de vigilancia penitenciaria. Tras las cárceles, el informe concluye con una serie de recomendaciones para los centros de internamiento de los menores no acompañados (MENA), como que estos centros no parezcan cárceles, no estén masificados, cuenten con agua caliente y calefacción adecuadas y tengan suficientes mantas por la noche para dormir.

Una larga lista de recomendaciones para erradicar algo que es inexistente, según el Gobierno, pero real y preocupante según la CPT: la tortura y los malos tratos a las personas detenidas y presas en el Estado español.