El hecho de que el votante de la izquierda abertzale pueda encontrar una referencia electoral en los próximos comicios municipales y forales no significa que estas elecciones vayan a disputarse en igualdad de condiciones para todas las opciones políticas ni que puedan calificarse de plenamente democráticas. Los datos que ofrece hoy GARA, según los cuales son unas 40.000 las personas sometidas a una situación de apartheid por el que no pueden presentarse en listas que se identifiquen con el independentismo, dibujan a las claras la existencia de un estado de excepción difícilmente admisible.

Las Fuerzas de Seguridad ya han avisado públicamente de que en sus bases de datos esa enorme cifra tiene nombres y apellidos, y por impugnaciones anteriores de la Fiscalía y la Abogacía del Estado se conoce también que esos ficheros incluyen otros nombres como los avalistas de agrupaciones electorales y de personas a las que la Policía ha conseguido identificar durante su participación en manifestaciones y concentraciones legales. En estos últimos casos los tribunales no las han admitido como prueba, pero queda demostrado que el Estado actúa hacia un sector de la sociedad vasca como un «Gran Hermano» de ánimo siempre represor.

Se está anunciado ya -y se está demostrando por la vía de los hechos- que el Gobierno ha ordenado la vigilancia de los pasos de Bildu, una coalición formada por partidos legales y personas con sus derechos civiles y políticos plenamente vigentes, lo que amenaza con extender la condición de proscritos como una mancha de aceite sobre una parte enorme de la ciudadanía vasca.

El hecho de que una candidatura que se presenta como abertzale y de izquierdas no pueda contar para conformar sus listas con 40.000 abertzales de izquierda da una idea del enorme esfuerzo que constituye para esta opción la conformación de listas con las que llegar a todo Hego Euskal Herria. Pero el hecho de que lo logren evidencia también el dinamismo y el compromiso de los componentes de ese sector político y social. Es preciso tener en cuenta que partidos con un enorme caudal electoral suelen tener complicaciones para conseguir llegar a presentar candidaturas en todo su ámbito geográfico, viéndose en ocasiones forzados a no presentarse en algunos municipios o a recurrir a candidatos llegados de otros lados para poder completar la plancha.

¿Cómo afrontarían las elecciones PNV, PSOE o PP si de pronto les quitaran 40.000 simpatizantes con los que podrían haber contado en condiciones normales para la confección de sus candidaturas? ¿Y qué harían si además resultara que entre ellos se encuentran quienes han sido alcaldes, concejales y miembros de la dirección del partido desde el ámbito nacional hasta el local en las legislaturas anteriores?

Quizá ponerse en esa tesitura sirva para evidenciar gráficamente cómo se van a celebrar las próximas elecciones municipales y forales para una parte importante de la ciudadanía vasca. Porque en este contexto hablar de «normalidad democrática» es una falacia y argumentar que, al fin y al cabo, los abertzales de izquierda podrán votar, es un ejercicio de cinismo inaceptable.

El acto de presentación de Bildu ayer en Donostia mostró la capacidad y la fuerza existente en la sociedad vasca para superar la estrategia de bloqueo establecida por el Gobierno español. En cualquier caso, este hecho no resta gravedad a la situación de segregación política.

Fichas en una estrategia de bloqueo

El otro frente en el que más clara se ve la estrategia de hacer de lo excepcional norma es el tema de los presos políticos. Los estados español y francés siguen estrujando a los cautivos vascos. Sus condiciones de vida son inhumanas y están sujetos al imperio de una arbitrariedad que no es tal, que responde a un diseño político claro. El grado de crueldad que están dispuestos a aplicar en esa política no parece tener límite, y las situaciones extremas se agravan. La muerte de Mikel Ibañez, claro ejemplo de cómo se juega con la salud y los derechos de los presos, saca a la luz una realidad que demasiado a menudo permanece oculta.

La situación de los presos es una prioridad no sólo para sus familiares, allegados y para quienes apoyan su causa, sino para todas aquellas personas que consideran que hay que conformar un nuevo escenario que dé paso a una nueva fase política donde todos los proyectos políticos legítimos sean viables democráticamente. Todas las personas comprometidas con el cambio, y también aquellas que, incluso desde el escepticismo, no están dispuestas a seguir dando un cheque en blanco para que las instituciones operen contra los derechos humanos en su nombre, deben alzar su voz contra una estrategia nefasta. Tienen razón los promotores de «Egin Dezagun Bidea», movimiento que busca dar pasos y avanzar hacia la amnistía a través de la implicación ciudadana y la colaboración, cuando afirman que la política penitenciaria «debe pasar a claves de resolución».

Frente a la crueldad y la segregación, se impone el compromiso con un futuro de igualdad y de derechos para todos.