Bernardo Bilbao Bolunburu y su hijo Javier han interpuesto una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Bilbo contra el Ayuntamiento de Lezama por las barreras arquitectónicas, que estos vecinos estiman que se le pusieron «como venganza» y que «se niega a quitar o adaptar».

Este lezamarra de 80 años, los últimos 15 con una minusvalía de hasta el 94% por un accidente, se considera una víctima del acoso de la alcaldesa, la jeltzale Alaitz Etxeandia. Dice que no perdona a su familia que denunciasen presuntas irregularidades cometidas por el Ayuntamiento.

A pesar de las gestiones emprendidas por esta familia -que han recabado el apoyo de PSE, PP, EA, Aralar, Alternatiba y la plataforma vecinal Lezama Bizirik, además de la directora de Derechos Humanos de la Cámara de Gasteiz, Ararteko, RACC y colectivo de discapacitados Fekoor- no les ha quedado más vía que los juzgados.

En el recurso interpuesto esta pasada semana se pide el amparo a los tribunales por el silencio administrativo del Ayuntamiento respecto a su solicitud de retirada de dos badenes de asfalto y tres barreras reductoras de la velocidad de goma que impiden a Bilbao Bolunburu circular con su silla de ruedas por el barrio de Aretxalde, más conocido como de la Cruz.

Carta a la alcaldesa

Por otra parte, la Asociación Pro Derechos Humanos de España ha remitido una misiva a la alcaldesa de Lezama, en la que le emplaza a ejecutar las obras reclamadas por la familia de Javier Bilbao Bolunburu, al considerar que son «imprescindibles». Asimismo, este organismo recuerda a Alaitz Etxeandia que con su actitud vulnera «derechos elementales y fundamentales del señor Bilbao y del resto de personas con movilidad redu- cida que se ven o pueden verse obligados a transitar» por las calles de La Cruz.

La carta, por cierto, ha sido enviada tanto al Consistorio lezamarra como a la Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Justicia y Administración Pública de Lakua, para que adopte las medidas que considere necesarias. La asociación incide en que en noviembre de 2010 el propio Ararteko, Iñigo Lamarca, instó al Ayuntamiento del PNV a que acabase con esta grave vulne- ración de derechos.