El miércoles por la noche, el primer ministro de Portugal anunció que pedía ayuda a las instituciones europeas. Tras Grecia y Portugal, es el tercer estado europeo de la periferia que ha pedido fondos a la Unión Europea ante la imposibilidad de seguir financiando su economía con préstamos internacionales a un precio razonable. A esta ayuda le ha puesto el nombre de rescate, palabra que según el diccionario tiene dos significados. El primero es liberar a alguien de prisión, servidumbre u otro estado de sujeción o miseria material o moral. No parece que sea éste el caso, ya que esas ayudas vienen acompañadas de duros planes de ajuste que empobrecen a la población y estrangulan la economía nacional. La segunda acepción significa recuperar cosas y parece más apropiada porque, en el fondo, con los rescates, las instituciones europeas se aseguran que esos países paguen sus deudas por encima de cualquier otra consideración. Por lo tanto, más que hablar de rescate de un país, ya que no se le libera de nada sino más bien todo lo contrario, parece más propio hablar de rescate de unos préstamos, que es el fin que se persigue con estos planes, recuperar el dinero prestado y proteger a los acreedores.

La pregunta que ahora está en el aire es: ¿Cuáles serán los siguientes préstamos en ser rescatados? Todas las quinielas indican que el siguiente en la lista es el Estado español, aunque en los últimos meses la presión se ha relajado un poco. A este cambio de actitud ha contribuido el hecho de que los fondos soberanos de Noruega y Rusia que acumulan el dinero de las exportaciones de petróleo hayan vuelto a invertir en deuda española, así como que el Banco Central Europeo decidiera hace unos meses comprar deuda de los países en dificultades, entre ellos, del Estado español. A ellos habría que añadir China y algunos países del Golfo Pérsico, que también han mostrado interés en invertir en las cajas de ahorros, lo que supondría una importante inyección de fondos. Parece, pues, que los prestamistas internacionales vuelven a confiar en el Estado español.

Una confianza que resulta sorprendente a la vista de lo que muestran los datos sobre la economía española. La propia ministra de Economía presentó la enésima revisión de las previsiones del Gobierno para este año y los siguientes, que refleja que la riqueza no creció el año pasado, es más, bajó una décima y este año según esas previsiones crecerá alrededor del 1%. Si la riqueza de un país no aumenta, difícilmente se podrá hacer frente a los pagos por las deudas contraídas. Y es que a diferencia de la economía, los créditos sí crecen siempre y además al ritmo que marcan los tipos de interés. Si la riqueza en el Estado español crece al 1% tardará unos 70 años en doblarse. Sin embargo, la deuda crece al 5% -lo que el estado español está pagando por la deuda a 10 años- y a ese ritmo se doblará en unos 14 años. Por lo tanto, con ese ritmo de crecimiento de la riqueza, las deudas del estado español son impagables, lo mismo que las de Grecia Portugal, Irlanda y algunos otros países.

La única manera de que esas deudas se puedan pagar es que los precios crezcan más rápidamente que los intereses, es decir, que la inflación sea mayor que los tipos de interés, de manera que las deudas pierdan valor por la subida de los precios. Vanas esperanzas. Un día más tarde, el jueves, el Banco Central Europeo decidió subir los tipos de interés un 0,25%, hasta el 1,25%, precisamente para evitar que los precios suban demasiado. Como es sabido, la misión del Banco Central Europeo, tal y como el Gobierno alemán quería, es vigilar la estabilidad de precios, no vaya a ser que la inflación se dispare y convierta en papel mojado todas los préstamos que Alemania ha concedido al resto de países europeos. El BCE vigila por la estabilidad del cuadro económico general, pero sobre todo, vigila por que los acreedores no se arruinen.

La subida de los tipos de interés del jueves, a la que seguirán otras si las cosas no cambian mucho, es una pésima noticia para el Estado español al ser el país más endeudado de la zona euro. Eso significa que todo el mundo va a tener que pagar más dinero sólo en concepto de intereses. Para hacerse una idea del volumen de las deudas, el conjunto del Estado español exceptuando los bancos tiene unas deudas de 3 billones de euros, alrededor de tres veces la riqueza que se genera en un año. De estos tres billones, las familias tienen 1,075 billones, de los cuales alrededor de 640.000 millones, según los datos del BCE, están invertidos en vivienda. Pues bien, el 94% de esos préstamos son a tipos variables. Si en vez de considerar el número de préstamos consideramos la cantidad de dinero, entonces es el 97,7% del dinero prestado para hipotecas el que está a tipos variables, es decir, prácticamente todo. Todas las subidas de tipos de interés que el Banco Central acuerde a partir de ahora supondrán un aumento de gastos para las familias con hipoteca. Además, el Estado tendrá que pagar más por los 638.000 millones de deuda que tenía a final del año pasado, lo que le obligará a nuevos recortes del gasto. Si hay que pagar más intereses, habrá menos inversiones y no se creará empleo. Es por ello que Madrid no cree que el paro baje de los cuatro millones de personas durante una larga temporada.

A esto hay que añadir un problema más. Unos tipos de interés altos provocan una apreciación de la moneda. Un euro más caro hace más costosas las exportaciones y es precisamente a ellas a las que el Gobierno español ha confiado la salida de la crisis, en vista de las dificultades que continuarán en el mercado interno.

A la vista de este panorama, no se entiende muy bien qué es lo que ha impulsado a los fondos soberanos de Noruega y Rusia a seguir invirtiendo en deuda española. Quizás la clave no esté en los números.

El Parlamento portugués ha tenido arrestos para rechazar el último plan de recortes presentado por el Gobierno, y aunque no ha habido grandes movilizaciones, da la impresión de que los partidos portugueses han tenido la dignidad de decir basta a unos planes que no traerán mas que la ruina de la población y del país. Bueno sería para la clase trabajadora de Portugal, pero también para la del conjunto de Europa, que tras las elecciones se negaran a aceptar el rescate y negociaran con los acreedores una quita a la deuda. De esta forma dejarían en evidencia que los rescates no son tales y que sólo sirven para alargar una agonía, para esconder responsabilidades y para dar alas a la especulación financiera.

En Madrid, sin embargo, han hecho todo lo que se les ha pedido: reforma laboral, recorte de las pensiones, subida de impuestos, reducción de gasto social. Lo han hecho sin apenas debate ni movilizaciones. Es más, el Gobierno español demostró con el conflicto de los controladores aéreos que no le iba a temblar el pulso, y llegado el caso, utilizaría todos los medios a su alcance para conseguir los objetivos que buscaba. Rodríguez Zapatero, como buen alumno, «ha hecho los deberes» que le ha impuesto el «maestro» de la clase. Con unos alumnos así, ¿quién necesita rescatar sus préstamos?