``Kalea guztiona da'' aguarda a que el Consistorio bilbaino atienda al requerimiento del juzgado para que se presente en el recurso contencioso administrativo contra la ordenanza de Espacio Público para formalizar su demanda, mientras prosigue con las movilizaciones para denunciar la polémica normativa.

Ayer, en rueda de prensa, una representación de los más de 70 agentes sociales, políticos y sindicales que conforman la iniciativa ciudadana explicaron que ya han comenzado a padecerse las consecuencias de la aplicación de esta ordenanza que restringe la utilización de la calle para cualquier tipo de actividad. Las más palpables, subrayaron, son la imposición de multas y las sanciones por supuestas infracciones de la normativa que refrendó el Pleno municipal en setiembre de 2010.

Para volver a reivindicar su derogación y la apertura de un debate «social y sosegado» sobre el uso del espacio público, ``Kalea guztiona da'' ha convocado para el sábado, a partir de las 11.30 en El Arenal, una olimpiada desobediente. Durante toda la mañana habrá un concurso de tortilla, una ginkana desobediente, diversos talleres y animación callejera.

Además, como anunciaron portavoces de Bilboko Konpartsak, las comparsas proseguirán con un campaña ``Marijaia for alkate'', con la presencia del candidato Gari Obamagoikoetxea y su séquito.

Desde los colectivos que impulsan la olimpiada invitaron a bilbainas y bilbainos a divertirse y participar contra una normativa que «nada aporta a la construcción de un Bilbao diverso, vivo, social, abierto y democrático», sino que, según manifestaron, lo que persigue es consolidar un modelo de ciudad «pensado para turistas y congresistas y no para quienes viven en ella».

Con sentido común

La plataforma insta al Ayuntamiento a que «proponga soluciones concretas a problemas de convivencia reales, en vez de prohibir hasta lo que no existe». Y aboga por «el uso libre de las calles, basado en el sentido común y el respeto a los derechos de todas las personas».

``Kalea guztiona da'' recalcó que, siete meses después de su entrada en vigor, la ordenanza cae en una «indefinición constante, sigue sin especificar qué es sexo explícito o qué mensajes políticos pueden ser ofensivos, por ejemplo». Y advirtió de que esta cuestión «puede dar lugar a interpretaciones policiales arbitrarias que se ceben con los colectivos más desprotegidos y discriminados».