La semana pasada ELA y LAB denunciaron en las calles de Urduña la progresiva desindustrialización que sufre. Ahora, Jon Ugarte Madaria, vecino de esta localidad vizcaina, acusa a la Diputación de Bizkaia -a través de la sociedad pública Bizkailur y con el apoyo del Ayuntamiento-, de expropiar «con maneras mafiosas» a 72 familias hace nueve años para lograr 217.385 metros cuadrados en lo que iba a ser el polígono industrial de Rondina, que está vacío y sin urbanizar en estos momentos.

«Fue un saqueo de terrenos a la cuarta parte del valor de la tasación de la Hacienda foral, con claros visos de especulación inmobiliaria», precisa. Porque para llevar adelante esa operación, Diputación y Ayuntamiento de Urduña anunciaron la instalación de 74 empresas que generarían 450 puestos de trabajo para esa zona sin perspectivas industriales. Nueve años después, «sólo existen dos carreteras y doscientas farolas, ni un solo pabellón industrial ni empleo creado», lamenta Ugarte, quien recuerda que esa operación extrañó en Urduña, porque el polígono Basaldua, «construido diez años antes en los terreros de la fábrica de ladrillos, a un lado de Rondina, se mantenía sin actividad alguna».

Con el cambio de siglo, la Diputación de Bizkaia anunció, con la aquiescencia del Ayuntamiento de Urduña -ambos controlados por el PNV-, la puesta en marcha del polígono industrial de Rondina. «Para ello inició un proceso de compra de los terrenos que va desde las actuales fábricas hasta la recta de La Venta, al pie del puerto», explica el afectado. A través de un miembro de Bizkailur, empresa 100% de la Administración foral, ofrecieron a los 72 propietarios «un precio único de 15 euros por metro cuadrado». Ugarte recuerda que su finca «de 11.990 metros cuadrados, fue adquirida por mi familia, y venía siendo trabajada por mis antepasados, que eran labradores pobres de seis vacas, en régimen de alquiler desde el siglo XIX».

En ese momento, tras realizar la compra de esos terrenos arrendados, es cuando se da cuenta de las intenciones de la Diputación. La Hacienda foral consideró en el Impuesto de Transmisiones de esa operación que «nuestro terreno tenía un valor de 558.244,09 euros» y «nos obligó a pagar la liquidación del impuesto de un 6%, es decir, 33.494,64 euros». El denunciante manifiesta que es incomprensible que «Hacienda con una mano valore en 50 euros el metro cuadrado y, en cambio, Bizkailur, que pertenece al 100% de Diputación, lo reduzca a 15 euros, casi cuatro veces menos». Al recurrir el pago, en Hacienda le dijeron que «se tendría que haber valorado en 70 euros por metro cuadrado».

A juicio de Ugarte Madaria, esa diferencia dejaba en evidencia a la Administración foral, que entonces presidía Josu Bergara y en la actualidad José Luis Bilbao, ambos del PNV, por lo que ante las dificultades que tenían para «convencer» a los propietarios, «nos coaccionaron indicando que el polígono se haría en régimen de cooperación, por lo que cada uno de nosotros que no hubiéramos vendido tendría que correr con el coste de su parte». Bizkailur decía, «aunque era falso», que contaba con más de la mitad del terreno en propiedad. «Señalaron que los gastos de urbanización costarían 12 millones, cantidad que obligó a muchos propietarios a vender, pero después adjudicaron el proyecto a Excavaciones Viuda de Sainz, una empresa que trabaja con Diputación, por 6 millones. Incomprensible».