El análisis político debiera desarrollarse -siempre que fuera posible- con cierta perspectiva, con un periodo de sedimentación que propiciara la aproximación a la objetividad. Es así como el método permite recordar y analizar hechos y situaciones que en muchas ocasiones, habiendo estos adquirido un valor añadido, resulta que, lo que se daba por definido y correcto, de hecho no aguanta el necesario contraste.

Ante la proximidad de una «contienda» electoral -pocas con tanto contenido de pelea- he aquí plasmada una opinión sincera, sin dobleces.

Se cumplen ahora justamente cuatro años de un acto en apoyo a los encausados en el célebre macrosumario 18/98, celebrado en Bilbo. Entre los muchos invitados que intervinieron, Xabier Arzalluz afirmaba que: «en el Estado español no hay separación de poderes y por tanto tampoco hay Constitución».

Apuntaba bien Xabier Arzalluz -qué pena no haberlo hecho así en los últimos veinticinco años- porque hasta hoy, todos los gobiernos que han pasado por la Moncloa se han esforzado en asentar caminos de blindaje para los gobernantes -y no sólo para presidentes- anulando, rompiendo de hecho, el principio democrático de igualdad ante la ley. Basta con mirar en el «curriculum» de personajes como Felipe González o José M. Aznar, -y sin necesidad de lupa alguna- para afirmar que en la práctica han eliminado la responsabilidad política, alejando totalmente toda consecuencia penal.

Buscan la impunidad y para ello el camino se inicia en el Consejo General del Poder Judicial. A partir de este órgano y en función de la correlación y orientación de los vocales del Consejo, todo magistrado termina por saber a qué atenerse, cuando se trata de resolver conflictos en los que se dilucidan intereses de los partidos mayoritarios.

Un ejemplo práctico: si el Gobierno está facultado para nombrar y sustituir al Fiscal General del Estado, quién puede, sin mentir, defender la independencia judicial, y a la vez la dependencia directa del Ministerio Fiscal vinculado al poder político. Es imposible, es falso, no existe separación alguna.

Lo cierto es que en esta democracia española, el presidente del Gobierno -si tiene mayoría suficiente- pude nombrar los presidentes del Congreso, del Senado y del Consejo del Poder Judicial. Ante esto quiero recordar que a este sistema en el franquismo se le denominaba «Unidad de poder y coordinación de poderes». Hoy, le llaman «democracia representativa» (...)

Así es como, poco a poco, quienes con su hacer profesional debieran apuntalar el sistema, lo están horadando de forma inmisericorde. Están debilitando, carcomiendo desde dentro, las estructuras de lo que dicen defender.

Con su permanente e interesado afán por mostrar ser los únicos quienes desde la verdad defienden el binomio paz y justicia, de hecho han conseguido mostrar la famélica desnudez de la democracia española.

Me estoy refiriendo a los que un día sí y otro también emergen desde sus despachos, transformados con sus negras togas, como adalides de la democracia. A quienes con sus filias, fobias, vicios y carencias, además de ratificar que en el Estado español no existe la separación de poderes, su indomable soberbia les hace mostrarse como lo que verdaderamente son, auténticos pretorianos.

Y no es una opinión singular ni peyorativa, ni nada que con una simple argumentación sea difícil defender. No es otra cosa que una simple conclusión, a la que se llega haciendo una sencilla suma algebraica de muchas de sus actuaciones públicas.

Bastaría recordar, para pulsar su manifiesta arbitrariedad, alguno de los innumerables ejemplos de los que está llena su andadura profesional. Por citar uno, sirva este: Rafael Vera, ex Secretario de Estado para la Seguridad -del gobierno de Felipe González- y condenado por sustraer más de quinientos millones de pesetas de las arcas del Estado, así como también por secuestrar al ciudadano francés Segundo Marey, nadie lo calificó ni vinculó nunca, en ninguna sentencia, con actividad terrorista alguna. No ocurrió lo mismo con varios jóvenes menores de edad, que en su día fueron acusados de destrozar ramos de flores en el cementerio donostiarra de Polloe, destinados a un conocido personaje político. Estos sí, estos sí fueron vinculados públicamente con actividades terroristas.

La calificación de pretoriano es pues ajustada a la clara y evidente inducción política de muchas de sus actuaciones.

En esta misma dirección, el fiscal de la Audiencia Nacional española Sr. Molina, -con el que he tenido oportunidad de «conversar» repetidas veces- en un día de esplendorosa lucidez llegó a expresar; «para ser terrorista no es necesario pegar tiros».

Es evidente que el Tribunal Supremo comparte plenamente la opinión del Sr. Molina. De no ser así, ¿cómo podría asociarse la capacidad intelectual de pensar y tener «intenciones» con la práctica del terrorismo?

Sinceramente, esta sentencia huele mal, muy mal. La justicia debe ser justa y no ejemplar. Máxime cuando involucra a las instituciones, tratando de obtener rentabilidad política. Parece que tiene usted razón Sr. Molina.

Es pues evidente que este oscuro andamiaje jurídico no queda en la pura manifestación teórica, ya que tiene su traducción política, tal y como se viene comprobando tras la barbarie consumada con La Ley de Partidos. Una ley «democrática», pero más propia de la era de Franco.

¿Cómo es posible que el Tribunal Supremo de un país que se dice democrático se otorgue la capacidad de leer en el cerebro ajeno, juzgando «intenciones»? ¿Cómo es posible que tan alto tribunal prolongue su «climax intelectual» interpretando las intenciones como inaceptables en democracia?

Esto viene de lejos, no es nuevo y tampoco son los primeros. Son personajes lejanos, inalcanzables, admirados y respetados. Dicen ser fruto de toda una vida rodeada de conocimiento, de libros que condensan sabiduría. Plenos de titulaciones académicas, con egregios emolumentos y vanidad a espuertas.

Lamento decirlo, créanme; Franco lo hacía mejor, mucho mejor y más barato.

Y no recuerdo que jamás se pusiera una toga.

Ante este cúmulo de despropósitos que atentan al saber y la inteligencia, ¿cómo es posible que el mundo intelectual -tanto vasco como español- permanezca mudo?

Hubo un tiempo, prolongado tiempo, en el que no utilizaron la lupa porque estaba pintada de rojo. Hay quien afirma que era sangre.