Cada cierto tiempo, especialmente en momentos de gran efervescencia política como el que se vive hoy día en este país, aparecen publicadas encuestas según las cuáles la opinión pública española se muestra mayoritariamente en contra de determinados movimientos que, sin embargo, en Euskal Herria se entiende que podrían facilitar el desarrollo de un proceso resolutivo y allanar el camino de la paz. En esos sondeos, se presenta a una sociedad escorada hacia las posiciones más intransigentes en temas como la política penitenciaria o la Ley de Partidos. Bien al contrario, los papeles de Wikileaks han dejado en evidencia que ese supuesto estado de opinión no es tal y que ha sido utilizado por los mandatarios españoles como coartada para no avanzar en esos ámbitos. Ocurrió en el proceso de negociación de 2005-2007, y maniobras similares están sucediendo ahora.

Según la documentación filtrada, un alto representante del Gobierno español comunicó a la embajada estadounidense que una mayoría de los ciudadanos españoles apoyaba el diálogo para acabar con «el conflicto vasco». Sin embargo, el Ejecutivo del PSOE no utilizó esos datos como palanca para activar el proceso, sino que, de forma irresponsable, se valió de la supuesta incomprensión ciudadana para condicionar cualquier avance, con los resultados por todos conocidos.

Por otra parte, la filtración de los cables del Departamento de Estado sirve para confirmar que lo que los gobiernos trasladan a la sociedad muchas veces no guarda relación con la realidad. Ahí está, como ejemplo, el temor de las autoridades españolas a una campaña de ETA en 2009, cuando el discurso oficial insistía en la «debilidad» de la organización armada. Otro tanto puede decirse, en este caso mirando hacia EEUU, de los informes secretos, ahora revelados, sobre Guantánamo. La opinión pública es utilizada como elemento de presión o se le oculta información, pero no se le trata con la madurez y seriedad que merece.