Kutxa se hizo con la propiedad de un bloque de viviendas en Riberas de Loiola y de un terreno de la antigua Koipe tras recibirlas de manos de la promotora inmobiliaria Urbina, que decidió cederlas como fórmula para hacer frente a una deuda de 80 millones que tenía contraída con la entidad financiera.

El bloque se encontraba paralizado desde que la promotora Urbina presentó en diciembre de 2008 la renuncia a la licencia de construcción, al no conseguir poner en el mercado las 67 viviendas de que constaba.

Ahora, sin embargo, Kutxa ha alcanzado un acuerdo con la constructora Amenabar para terminar la construcción de los pisos, después de que el Ayuntamiento de Donostia accediese a reducir su tamaño de los 110 metros iniciales a 60.

Pese a ser Kutxa la propietaria del bloque de viviendas, la comercialización de los pisos se hará a precio de mercado -unos 5.000 euros el metro cuadrado- y no como vivienda social de alquiler, como le reclamaban los consejeros de la izquierda abertzale.

Este grupo de consejeros recuerda que entidades como Caja Vital o La Caixa disponen de un extenso parque de viviendas sociales de alquiler, como en Arrasate, donde la entidad catalana ha abierto un plazo de solicitudes para un total de 148 viviendas que gestionará su obra social y cuyo alquiler no supera los 277 euros al mes.

En enero del pasado año, los consejeros de Banatuz solicitaron al presidente de Kutxa, Xabier Iturbe, que llegara a un acuerdo con el Ayuntamiento para destinar los pisos de Riberas de Loiola a viviendas sociales de alquiler, propuesta que cursaron también al alcalde, Odón Elorza.

Ambas peticiones no fueron respondidas, motivo por el que trataron de llevar el asunto a la asamblea general de la entidad el pasado 8 de abril, donde tampoco fue aceptada la solicitud.

Los consejeros de la izquierda abertzale aseguran entender ahora el motivo por el que la dirección de Kutxa desestimó la petición: «Estaban gestionando la finalización del edificio con una empresa `amiga' para luego vender los pisos a precio de mercado, ése que no puede pagar una buena parte de la ciudadanía, en lugar de sacarlos a viviendas sociales de alquiler».

En caso de que esta última propuesta hubiese sido estudiada y aceptada, la izquierda abertzale considera que Kutxa cumpliría así con su función social, y se ayudaría «a una parte de los ciudadanos que vienen demandando viviendas sociales».

Pero además, considera que ello acarrearía «terminar con la especulación y la ayuda a ese tan conocido constructor, a quien Kutxa le va a pagar su trabajo con viviendas en dicho edificio».

«Sólo especulación»

Los consejeros de la izquierda abertzale denuncian que éste no es el papel que debe jugar Kutxa con la vivienda. «Creemos que eso no es función social, es sólo especulación y algo muy alejado de lo que debiera hacer Kutxa. Si en estos tiempos de crisis en lugar de ayudar a los más necesitados, montan inmobiliarias para vender los pisos que obtienen, eso sí, a precios elevadísimos, y además no dudan en ayudar a los constructores, ¿dónde queda la función social de Kutxa?», se preguntan.

Ante esta situación, la izquierda abertzale muestra su disposición a «dar un cambio total a esta política mercantilista y especuladora», al considerar que las cajas vascas «deben ponerse al servicio de la ciudadanía en lugar de continuar con la especulación y el negocio con un bien tan preciado y necesario como es la vivienda».

Y concluye señalando que lo hará «pese a los muchos impedimentos, a la vulneración de los propios estatutos de Kutxa y a la negativa a abordar un plan de vivienda a corto y medio plazo, como solicitamos en la asamblea del pasado año. No vamos a abandonar y vamos a continuar exigiendo que Kutxa cumpla, de verdad, con su función social».