La lectura del escrito de impugnaciones registrado por la Abogacía del Estado para impedir que Bildu, coalición formada por EA, Alternatiba e independientes, y casi una veintena de agrupaciones electorales puedan concurrir a las próximas elecciones, produce el mismo estupor que ya ha sentido la sociedad vasca en anteriores citas con las urnas o en procesos de ilegalización de partidos políticos. Un estupor que alcanza en este caso la máxima expresión, al verse afectadas dos formaciones legales cuya "trayectoria democrática" no osa poner en duda ningún político de este país. Así lo admitió ayer el propio lehendakari.

El ministro del Interior podía haberse ahorrado el discurso, inadmisible por otra parte, de las dichosas lupas, porque a la hora de la verdad ha echado mano del manual policial de siempre, aunque en esta ocasión tenga que rizar el rizo hasta extremos insospechados. En cualquier caso, la valoración de estas impugnaciones debe ir más allá de su contenido literal, aunque llamen mucho la atención afirmaciones tales como que Ezker Batua es una fuerza extraparlamentaria o elementos de «prueba» como que algunas personas pueden ser percibidas de forma «icónica» por votantes de la izquierda abertzale. Por encima de este tipo de dislates, es la decisión de impugnar las listas y el contexto político en el que se produce lo que debe ser valorado.

Euskal Herria vive un momento en el que ETA ha declarado una tregua general, permanente e internacionalmente verificable, y la izquierda abertzale ha hecho una apuesta nítida por las vías pacíficas y democráticas. El espacio político se está reconfigurando y todo el mundo habla ya de un nuevo ciclo. Y es en este escenario donde el Gobierno español, después de vetar un partido que cumplía todos los requisitos legales, como es Sortu, ha impugnado una coalición entre EA y Alternatiba. ¿Son los agentes de este país conscientes de lo que ello supone? Si el veto prospera, ¿quién y cómo va a gestionar el resultado de un nuevo pucherazo?