Son tiempos para la indignación. Dejemos de lado por ahora la rabia que provoca la obscena apología del asesinato y el ojo por ojo cuando de matar a Ben Laden o parientes de Gadafi se trata. Bastante tenemos con nuestras razones para la indignación. Tras la última decisión del Tribunal Supremo del Reino de España contra los derechos elementales de la ciudadanía vasca, nuevas oleadas de indignación recorren nuestro país. Oleadas de rabia, de enfado y de asco. España, que nos arruina y nos quiere arrastrar a su debacle, con cinco millones de personas en paro y un proyecto caduco, se resiste a aceptar que mientras se encamina al precipicio las ciudadanas y los ciudadanos vascos tenemos otro horizonte. De Madrid nos llega otra vez la imposición frente a una demanda de democracia. Enviamos mensajes de paz y nos responden con prohibiciones. Promovemos un escenario de paz y nos envían policías armados hasta los dientes y nuevas limitaciones a las libertades elementales.

Son dos paradigmas, dos visiones contrapuestas. Con decisiones como esta, ellos creen enviarnos un mensaje de fuerza y firmeza. Así es como lo ve el mundo del nacionalismo español. Fuera de ese mundo, por el contrario, la percepción es muy diferente: están perdiendo la batalla de las ideas y su intransigencia no hace sino debilitar más sus posiciones. Donde algunos ven firmeza democrática, muchos otros vemos similitudes con los regímenes más antidemocráticos.

El veterano militante antifascista Stéphane Hessel, en su libro «Indignez-vous!», del que he tomado la llamada a la indignación, dice lo siguiente sobre la situación en Palestina: «He constatado, y no soy el único, la reacción del Gobierno israelí ante el hecho de que cada viernes los ciudadanos de Bil»id van, sin arrojar piedras, sin utilizar la fuerza, hasta el muro contra el cual protestan. Las autoridades israelíes han calificado esta marcha de `terrorismo no-violento'. No está mal... Hay que ser israelí para calificar de terrorista a la no-violencia.(...)».

Hessel se equivoca, no hay que ser israelí para calificar una apuesta no violenta como terrorista. Los jueces españoles consideraron hace ya unos años que una asociación vasca que promovía fórmulas de desobediencia civil no violenta lo hacía por órdenes de ETA. Y acaban de prohibir participar en las elecciones a una coalición que rechaza el uso de la violencia en defensa de las ideas políticas. Pero Hessel nos ofrece una pista para ver a a los gobernantes españoles como lo más cercano en la Europa del siglo XXI al sionismo criminal dominante en Israel. PP y PSOE estarán muy orgullosos de su intransigencia, pero esta es la imagen que están ofreciendo al mundo.

Al mundo y, sobre todo, a Euskal Herria. La rabia que estos días se generaliza en Euskal Herria no es coyuntural ni obedece a un estímulo pasajero. Lleva mucho tiempo acumulándose y ha ido en aumento desde que se dieron los primeros pasos hacia un nuevo escenario político, porque la ciudadanía vasca ha comprobado cómo el Estado español respondía con agresividad, detenciones, torturas y prohibiciones a los esfuerzos vascos para sustituir la fase de confrontación con expresiones armadas por un nuevo ciclo sin violencias ni imposiciones.

Esto es algo que debieran tomar en consideración quienes celebran la decisión judicial, enésima evidencia de la pervivencia del cordón umbilical con el franquismo. Podrán apuntarse un nuevo tanto, si quieren, pero hoy en Euskal Herria es un día para la indignación.

Además, es una indignación y una ira reconvertible en energía política para el cambio. Si algún sesudo estratega ha creído que esta acumulación de indignación puede poner en peligro la apuesta de la izquierda abertzale o las alianzas y complicidades políticas tejidas en los últimos años, va listo. Puede que se consuelen con ese esperanza, pero es una ilusión vana.

Esta indignación está, por el contrario, ratificando la apuesta por sumar fuerzas y abrir una nueva era. Una apuesta irreversible, estratégica, seria y sensata que no va a descarrilar por provocaciones tan burdas como las que estamos padeciendo.

Esto es, exactamente, lo que significa un movimiento unilateral de ficha. Lo ha decidido una parte, la parte vasca, lo está materializando una parte, la vasca, y no sólo no cuenta con la complicidad de la parte española, sino que ésta lo intenta sabotear con todos los instrumentos a su alcance. Pero esto ya lo sabíamos. Nos indigna, por supuesto y debe indignarnos, pero no nos sorprende, porque es lo que siempre han hecho, de un modo u otro. Al Estado español no le gustan, ni le interesan, los procesos de paz. Euskal Herria sabe que sólo la movilización social puede hacer que cambien de opinión. En definitiva, que el sujeto del cambio es nuestro pueblo.

Entre tanto, la intransigencia del Estado español es su punto más débil. La indignación que provocan va a deslegitimar aún más al Estado en Euskal Herria y va a fortalecer al independentismo, reforzando su liderazgo.

Se está produciendo una acelerada clarificación del panorama político y la sociedad exige posiciones claras y firmes. El Estado español aparece desnudo, sin ninguna excusa o coartada con la que tapar sus vergüenzas. Ya nadie, ni el más despistado, puede creer que la finalidad de la legislación de excepción sea combatir a ETA. ¿Es Garaikoetxea un colaborador de ETA? Los militantes de Alternatiba que en su día pertenecieron a Izquierda Unida, ¿se han convertido de repente en simpatizantes de ETA? ¿Las personas de diferentes sensibilidades que han firmado un documento en el que rechazan el uso de la violencia con fines políticos siguen órdenes de ETA?

No, el objetivo de la estrategia de criminalización es el independentismo. Persiguen a quien defiende un escenario democrático en el que la sociedad vasca pueda decidir entre todas las opciones, incluida la creación de un estado propio.

La apuesta es seria y la respuesta española también lo está siendo. El acuerdo PP-PSOE está dando sus frutos en unos tribunales supuestamente independientes. Es posible que el Tribunal Constitucional refrende esa sintonía entre las direcciones de los dos partidos principales del nacionalismo español y se evidencie así el alcance de un pacto de estado para frenar a toda costa al independentismo vasco y retrasar la inevitable llegada de un nuevo escenario político en Euskal Herria.

Pero también es posible que las disensiones ya aparecidas en el Tribunal Supremo en torno a Sortu y reeditadas ahora con Bildu provoquen una decisión diferente. Hay sintonía PP-PSOE en términos de sumisión del partido de Rubalcaba al discurso y hasta las formas de los de Rajoy. Es evidente, además, que el PP se ha plegado a los dictados de la extrema derecha más cerril. Pero también existen sectores de los aparatos del Estado que no comparten estas actitudes y reclaman otras respuestas a los movimientos de fichas en Euskal Herria.

Los votos particulares de ciertos jueces, nada sospechosos de simpatías con el independentismo vasco o la izquierda abertzale, son muy clarificadores. Se está librando una batalla dentro del Estado, en el ámbito del nacionalismo de estado, un ámbito cuya unanimidad se ha roto. No sabemos qué deparará esta ruptura, pero es un síntoma más a tener en cuenta.

Ocurra lo que ocurra, aunque se confirme la mayor aberración de las últimas décadas, el proceso en Euskal Herria seguirá. La sentencia final de los jueces españoles es muy importante, pero no pueden decidir qué hará Euskal Herria en el futuro. Eso sólo nuestra sociedad lo puede decidir.