El «caso Miñano», también conocido como «caso De Miguel», saltó a la luz pública el 17 de marzo de 2010, cuando la Ertzaintza puso en marcha una operación para detener a ocho personas en Gasteiz. Entre ellas se encontraba el entonces diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial de la Diputación foral de Araba, Alfredo De Miguel, uno de los políticos más influyentes en el gabinete de Xabier Agirre. Junto a él fueron arrestadas otras personas con nombre propio en la política alavesa, como el jeltzale Aitor Telleria, imputado por un presunto delito de espionaje político, y el ex director del Parque Tecnológico de Araba Alfonso Arriola.

Dos personas, que, además de contar con una posición privilegiada en el ámbito político y económico del herrialde, tenían una relación directa con el Araba Buru Batzar (ABB), cuyo presidente, Iñaki Gerenabarrena, se apresuró a comparecer ante los medios de comunicación para intentar mantener a salvo el nombre del partido.

Algo parecido hizo el diputado general, Xabier Agirre, que convocó una rueda de prensa el mismo día de las detenciones para sentenciar que no toleraría la corrupción en su gabinete. Dicha advertencia se materializó días después con la dimisión de De Miguel, que fue delatado por la que fuera su abogada, Ainhoa Alberdi.

Pero los impactantes sucesos de los primeros días tan sólo eran la punta de un iceberg que ha ido deshaciéndose durante el último año. Un tiempo en el que se han producido nuevas imputaciones y en el que se han puesto en marcha dos comisiones de investigación para depurar responsabilidades, una en el Parlamento de Gasteiz y otra en las Juntas Generales de Araba.

Gracias a dichas comisiones, la ciudadanía ha conocido las caras de los implicados. Rostros como el de Aitor Telleria, Koldo Otxandiano o el del propio Alfredo De Miguel, que compareció frente a la comisión parlamentaria el pasado 18 de abril. Tras más de un año de espera, el principal implicado en el «caso Miñano» rompía su silencio ante los medios, en una comparecencia donde defendió su inocencia y afirmó que Alberdi actuó por venganza.

Tensiones entre partidos políticos

Durante las sesiones de la comisión parlamentaria han aflorado diferencias entre partidos. Unas tensiones reflejadas por la portavoz jeltzale, Nerea Antia, quien afirmó que la puesta en marcha de la investigación política tenía una finalidad «partidista». En declaraciones a GARA, Antia denunció las filtraciones que se han ido produciendo durante el transcurso de los trabajos de la comisión y desmintió que su partido se hubiera negado a poner en marcha la misma, explicando que desde su formación sólo se cuestionaron las fechas, dado que el PNV prefería esperar a que concluyera el proceso judicial abierto contra los imputados.

Por su parte, el portavoz del PSE en la comisión, Óscar Rodríguez, rechazó los supuestos planteados por Antia y recordó que el jeltzale fue el único partido que no votó a favor de la constitución del órgano encargado de llevar a cabo la investigación en la Cámara de Gasteiz.

El parlamentario del PSE negó el uso partidista de la comisión e incidió en que las conclusiones de la misma no se han publicado antes de las elecciones. «El PNV decía que la comisión se hacía con carácter electoralista y que las conclusiones se harían públicas antes del 22 de mayo, y lo cierto es que esto no ha sido así», añadió.

A este respecto, Rodríguez anunció que las conclusiones de la comisión no estarían listas para junio, puesto que, precisamente, los partidos presentes en la misma optaron por no reunirse durante la campaña electoral para no incidir en ella.

Sin embargo, nadie discute que las detenciones y la sospecha sobre los imputados acarreará una factura política que el PNV de Araba podría empezar a pagar el próximo domingo. Pese a que durante la campaña están intentando desentenderse de los malos augurios, los jeltzales son conscientes de que el 22-M se sentarán en el banquillo, y que los jueces encargados de dictar sentencia serán las ciudadanas y ciudadanos alaveses que pasen por las urnas.