Miles de jóvenes vascos que ya se acercan a la treintena irán hoy a las urnas con la siempre ilusionante sensación de estrenar, por fin, la mayoría de edad electoral. Casi diez años después de haber cumplido los 18, esta vez sí podrán escoger una opción política que será computada como legal a todos los efectos. Sólo por eso este 22-M es un día importante. Y un buen día, además, porque el inicio del final de la ilegalización ha estado impulsado por el protagonismo de la sociedad vasca, como constató la marea de ilusión de la noche del 5 de mayo en las calles o en las casas vascas. Evidentemente, este día importante y bueno no es el gran día, porque todavía hay muchas barreras que derribar: la «contaminación» extendida a más de 40.000 vascos que no pueden ser candidatos, el veto a siglas políticas y a electos, las amenazas contra quienes ahora logren un acta, la prisión aplicada como castigo por hacer política... Pero estas elecciones deben marcar el punto de inflexión para que la democracia se instale de una vez en Euskal Herria, comenzando por derogar las ilegalizaciones y concluyendo por respetar hasta el final la palabra y la decisión de la ciudadanía vasca.

Resulta significativo que una vez transcurrida la campaña haya práctica unanimidad en elogiar su desarrollo, incluso desde sectores que hasta hace apenas 17 días defendían el veto a Bildu. En estas mismas páginas han aparecido varias reflexiones políticas que evidencian, aunque sea a posteriori, la anormalidad de esa ilegalización tan consentida durante casi una década: Xabier Arzalluz reconoce que el PNV quizás debió ser «más contundente» contra la Ley de Partidos; Markel Olano admite que las instituciones han tenido un déficit de legitimidad y que prohibir Bildu habría creado un ambiente «irrespirable», y Miguel Buen declara que preferiría medirse hoy a Sortu -aún ilegal- que a Bildu.

Declaraciones así habrían sido impensables hace pocas semanas y evidencian que ha comenzado otra fase. Una fase que debe concluir en una democracia auténtica, sin pucherazos a partidos, ni vetos a temas ni imposiciones de voluntades ajenas a la vasca. Una fase en la que a los políticos se les exigirá hacer política en su sentido primigenio: resolver los problemas y no empeorarlos. Una fase a la que la ciudadanía vasca puede dar hoy gran impulso y fuerte ritmo con su voto.

Y España se mueve

Pero no sólo soplan vientos positivos para la democracia en Euskal Herria. La imparable extensión del movimiento juvenil 15-M es ya la gran noticia en el Estado español, probablemente la mayor novedad en muchos años (habría que retrotraerse a las movilizaciones estudiantiles de 1987 para encontrar algo similar, aunque en aquel caso sectorial y de menor intensidad). Cuando casi nadie lo esperaba ya, el hartazgo creado por la falta de expectativas de futuro ha terminado explotando, con la novedad añadida de que no sólo pone en el disparadero a bancos, mercados, ETTs o inmobiliarias como responsables más directos. También pasa factura a una clase política que ha dimitido de su labor para dejar las riendas del gobierno a los grandes poderes económicos que no han sido elegidos por la ciudadanía; a un sindicalismo patético por su incapacidad de recoger toda esa indignación social latente, y a unos medios de comunicación dedicados a justificar este sistema tan brutalmente injusto y a sedar a quienes lo padecen.

La movilización nace desde parámetros populares, de izquierdas y juveniles, y cabe desear que cuando tenga que fijar su tabla de reivindicaciones mantenga esas claves sobre las que está asentando su éxito arrollador. Si así ocurre, el Estado español puede encontrarse efectivamente ante esa «segunda transición» que, curiosamente, venían anticipando políticos independentistas vascos y que al parecer no se intuía desde los círculos de poder madrileños, cada vez más atrapados en su espiral de regresión democrática imparable.

Desde la sin duda poderosa derecha española se compara ya la situación callejera con la de abril de 1931, como si el auténtico drama hubiera sido ése y no la matanza desatada en julio de 1936. Pero quizás su com- paración valga y la protesta de los «indignados» sirva efectivamente para la reconstrucción de la democracia total que no fue posible tras la muerte de Franco y que lleva pendiente, por tanto, tres cuartos de siglo.

Independientemente de cuál sea el impacto real de este movimiento en Euskal Herria, donde la demanda de democracia real no es nueva, sino sostenida en el tiempo, el M-15 sólo puede traer buenas noticias para los vascos, salvo que alguien termine finalmente logrando darle gato por liebre a la movilización. Los avances hacia una democracia en el Estado español le pondrían más fácil a Euskal Herria construir y desarrollar su propia democracia. Una «segunda transición» española allanaría el camino a la transición vasca hacia su soberanía y su reunificación territorial.