Los estados español y francés y sus estructuras judiciales criminalizan las expresiones políticas. Así lo afirma el manifiesto suscrito por decenas de conocidas personalidades y agentes políticos, sindicales y sociales de Euskal Herria y del Estado francés que ayer convocaron una movilización, que se llevará a cabo a lo largo de todo el día en Biarritz el próximo 18 de junio, para denunciar la euroorden y exigir su derogación.

La oposición a ese procedimiento, que comenzó a fraguar en 2004, se transformó en una ola creciente de solidaridad a raíz de la petición española de aplicar la euroorden a la zuberotarra Aurore Martin, militante de Batasuna. Entonces uno de los motivos de esa solidaridad era la nacionalidad oficial de Martin, así como su pertenencia a un partido legal en el Estado francés, si bien esa solidaridad se situaba en parámetros que trascendían esas circunstancias, como quedó demostrado posteriormente, cuando ocho jóvenes militantes independentistas de Hego Euskal Herria se encerraron en la localidad bajonavarra de Izpura con el apoyo de numerosos electos de prácticamente todo el arco político. Así quedaba claro claro que se trataba de un movimiento solidario frente al peligro de cualquier ciudadano europeo de ser víctima de la persecución ideológica que actualmente padece un amplio sector de la sociedad vasca, en especial su juventud, a ambos lados de los Pirineos. Más allá de la solidaridad puntual, ese movimiento reivindica hoy, junto a la libertad de Aurore Martin, el respeto a los derechos civiles y políticos.

El tiempo de la represión y la imposición, únicos «argumentos» de los estados español y francés, persiste; sin embargo, su recorrido se agota día a día, y resulta más fuera de lugar si cabe ante el nuevo tiempo que ha llegado a Euskal Herria, el cual ha de abrir paso a los métodos democráticos, especialmente exigibles a quienes se erigen en sus guardianes. Llega el tiempo de la confrontación política, del respeto de la voluntad de los ciudadanos y de los derechos civiles y políticos.