Me dirijo a Vd. de forma pública ante su reiterada negativa a recibirme en privado. El día 20 del próximo mes de agosto se cumplirá un año desde que la Diputación Foral de Gipuzkoa me retirara la guarda de dos menores en acogida familiar durante el proceso de adaptación.

Con fecha 7 de marzo de este año, el Ararteko elabora un informe con las conclusiones y es enviado a los y las profesionales del Departamento de Política Social, del cual usted es la máxima responsable.

En este informe, ampliamente detallado en 8 hojas, se deja constancia de la conveniencia de revisar las decisiones tomadas hasta la fecha. Los técnicos, la Jefa de Sección y el Director de Infancia se excusan diciendo que el Ararteko no tiene competencia para revocar la decisión.

Si es alarmante que un sector tan vulnerable como los menores esté completamente privatizado, querer escurrir la responsabilidad bajo la excusa de que la decisión la toma la empresa privada contratada, me resulta incomprensible y carente de toda sensibilidad.

¿Por qué mi opinión no vale para tomar decisiones con tan duras consecuencias para las niñas?

¿Por qué el día 10 de agosto se aprobó, en la Comisión Técnica, constituir el acogimiento familiar y el 20 de agosto se me comunica la decisión de suspender el acogimiento?

¿Por qué se toma la decisión de no constituir el acogimiento cuando los únicos informes presentados reflejan la buena evolución de las niñas y la buena relación de las niñas conmigo?

¿Por qué la diferencia de tiempo transcurrido para decidir la suspensión del acogimiento y el empleado para valorar mi idoneidad como familia de acogida (alrededor de un año)?

¿Por qué la empresa privada que su Departamento tiene contratada no me solicita que modifique mi forma de actuar ante el acogimiento, no me orienta cuando así lo solicito y no me ofrece estrategias?

¿Por qué se me retira la guarda de las niñas si no existen pruebas objetivas o informes sobre la repercusión negativa del acogimiento en las niñas o su evolución negativa que justifiquen la decisión adoptada?

¿Por qué el centro de acogida donde viven las niñas emite un informe con posterioridad a tomar la decisión y una vez recibida en Diputación la petición de información por parte del Ararteko?

¿Por qué, en caso de que se interpretara como necesario, no se me ha ofrecido la posibilidad de generar cambios?

¿Por qué no se han cubierto mis necesidades de apoyo y se ha descuidado el derecho a la atención que como familia de acogida están obligados a procurarme?

Es terrible que una administración pública, por el hecho de tener la tutela de un niño, pueda internarlo en un centro resindencial sin que exista motivo y denuncia de una situación de desprotección.

Los centros residenciales no pueden ser la solución para que las administraciones internen allí a los niños por tener una desavenencia con la familia de acogida.

Las familias de acogida somos personas que sentimos, opinamos y tenemos derecho a discrepar con los criterios de la administración. ¿Cómo es posible que ante hechos tan graves como estos, el resto de instituciones admitan que no pueden hacer nada?

Cuántas veces en estos meses he oído hablar del interés superior del menor, de los derechos que asisten a todos los niños, de decisiones que se toman para ellos pero sin contar con ellos.

Sra. Etxaniz, suya es la responsabilidad de estar al corriente de cuantas gestiones y decisiones se toman en el Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

En varias ocasiones la Jefa de Sección, Margarita Pardo, me ha pedido mil disculpas por los errores que se han cometido.

¿No cree Sra. Etxaniz que ante estos hechos lo que ahora toca es corregir de inmediato esos errores?

Casi ha pasado un año y las niñas siguen en el piso de acogida, por lo que solicito que el caso sea revisado y se tenga en cuenta mi ofrecimiento para recuperar la guarda de las dos menores.

Espero su respuesta.