Una representación de los afectados por los casos de «robos» de menores acudieron ayer a la Comisión de Interior y Justicia de la Cámara de Gasteiz para exponer su situación y reclamar a los grupos parlamentarios, y en concreto al Ejecutivo de Lakua, que colaboren con ellos para conocer la verdad y depurar las responsabilidades que pudieran existir. A petición del parlamentario de EB, Mikel Arana, cuatro integrantes de Anadir (Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares) fueron los encargados de explicar la situación de, al menos, 205 casos tan sólo en Gipuzkoa.

Los ponentes demandan al Gobierno autonómico que establezca un protocolo para la investigación de estos casos de adopción irregular cometidos durante el franquismo y posteriormente, además de que ponga medios humanos y materiales para que las familias no se enfrenten ellas solas a un arduo trabajo, en el que una de las principales dificultades es recopilar documentos para esclarecer los numerosos casos.

También les preocupa que se oculten o se hayan hecho desaparecer informes médicos de muchos menores que fueron dados en adopción ilegalmente, o datos sobre supuestos abortos en clínicas privadas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, que no lo fueron y los bebés fueron entregados a otras familias.

Otra petición es la creación de un banco de ADN y que se apoye económicamente a las familias para que se hagan las pruebas necesarias. De gran importancia consideran desde Anadir que el Gobierno de Gasteiz se presente como acusación particular en aquellos casos que logren ser llevados ante los tribunales. Recuerdan que se entrevistaron con Idoia Mendia, pero ésta no concretó cuál iba a ser su nivel de implicación.