Tres jueces del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Merino, Rubio y Galves, acaban de declarar ilegales varios libros de texto utilizados en la enseñanza en euskera por utilizar el término «Euskal Herria» como espacio de la lengua vasca. Añaden que al hablar de historia, geografía, relieve, hidrografía, economía y demografía «en un ente hoy inexistente como es Euskal Herria, están distorsionando abiertamente la realidad fáctica y jurídica». Y rematan los togados: «Navarra no forma parte de ningún ente que se denomine Euskal Herria».

La reacción que en muchos suscita semejante astracanada hace que los dedos resbalen por el teclado buscando adjetivos ponzoñosos, pero no es cuestión de acabar empapelado por unas señorías que ya han mostrado sus intenciones. ¡De buena huerta son las guindillas como para que no piquen! Por lo tanto, seremos cautos y simplemente diremos, copiando a Platón por si las moscas, «que la justicia no es otra cosa que conveniencia del más fuerte». Y esa es la primera consideración que merece la sentencia: una conveniencia del que manda, engalanada de resultandos y considerandos por unos fieles funcionarios.

Pero, más grave que eso, resalta la sentencia por la ignorancia que destila, propia de gente que ni ha leído ni sabe nada sobre Nafarroa. Y lo digo como atenuante para ellos, porque peor sería atribuir su venedicto a razones más peliagudas.

La primera ignorancia es la de la propia lengua. No hace falta ser euskaldun para saber que Euskal Herria es la palabra que desde hace siglos utilizan para definir a su territorio todos los que hablan vasco. Todos, incluidos los de UPN de Baztan. No se puede hablar en vasco sin utilizar la expresión, refiriéndose a todos los territorios que abarca. El que ahora en Nafarroa, por ley, no se pueda escribir lo que se habla, es un absurdo.

El ente Euskal Herria, incluyendo a Nafarroa, está documentado hasta la saciedad desde el siglo XVI. Desde el «Vocabulario Navarro» de Iribarren hasta la más antigua enciclopedia, puede decirse que toda la clase intelectual, artística y política de Nafarroa lo ha utilizado como topónimo mayor de estas provincias. A principios del siglo XX, el director del «Diario de Navarra» llamaba a la Diputación «la mayor jerarquía de Euskalerria» y, décadas más tarde, de nuevo el director del mismo periódico, Ollarra, insistía en que «Euskalerria es una realidad» (7/2/1982). Si los señores magistrados se hubieran molestado en consultar el Espasa Calpe, habrían leído que Euskal Herria «es el nombre tradicional y típico con el que el vasco designa a su país». País que para la más prestigiosa de las enciclopedias españolas «comprende las provincias españolas de Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya y los antiguos países de Labourd, la Soule y la Baja Navarra».

¡Por supuesto que en la actualidad Euskal Herria no forma un ente jurídico! Lo dicen hasta las actas del PSOE navarro de junio de 1981: «La comunidad étnica vasca (pueblo vasco o Euskaherria) tiene su origen histórico en Navarra. Sin embargo, dicha comunidad étnica no llegó a constituirse en comunidad política hasta la época de Sancho el Mayor, el la que todos los territorios de Euskalherria estuvieron sometidos, en unión de otros territorios, a la Corona de Navarra, alcanzando así una cierta unidad política que se rompió definitivamente en el año 1200».

Pero por el hecho de que no tenga estructuras administrativas comunes ¿deja de existir Euskal Herria? ¿Qué estupidez es ésa? ¿Acaso un emigrante sin papeles deja de ser una persona? Y siguiendo semejante desbarre, ¿habría que convenir con estos jueces que Occitania es un ente inexistente porque no forma una comunidad autónoma? Sin embargo, Occitania aparece en los libros escolares de Francia y a ningún juez se le ha ocurrido prohibirlos.

Tampoco existiría para nuestros jueces la Araucanía o el Wallmapu mapuche, aunque todos en Chile saben y estudian que está situado al sur del río Bío-Bío. Mucho menos existiría el Kurdistán que todo el mundo reconoce como un pueblo repartido en cuatro estados. Perdón: todo el mundo... salvo lo jueces de Turquía, que al parecer han mamado de las mismas fuentes jurídicas e ideológicas que los del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Estos días pasados, una marea humana ha pedido indignada que se limpie el sistema de políticos y de banqueros. Habría que poner también en la lista a la mayoría de los jueces, encabezada por estos tres figuras que nos ha tocado padecer.