El ex primer ministro conservador islandés Geeir Haarde afrontó ayer la primera sesión preliminar de un juicio al que será sometido por negligencia grave durante su mandato, en el que se produjo el colapso bancario.

El encargado de estudiar el caso es el Landsdómur, un tribunal especial creado en 1905 para juzgar a miembros del Gobierno y que nunca había actuado en los casi 67 años de independencia de la isla. El Landsdómur está formado por cinco jueces del Tribunal Supremo, un presidente de un tribunal de primera instancia, un catedrático de derecho constitucional y ocho ciudadanos designados cada seis años por el Parlamento.

La imputación de Haarde, de 60 años, fue posible porque el Althingi (Parlamento islandés) así lo decidió en setiembre por 33 votos frente a 30, siguiendo el consejo del informe previo de la comisión investigadora sobre las responsabilidades en la crisis.

Ayer el tribunal debía confirmar la acusación, pero medios locales consideran probable que el juicio no comience hasta después del verano.

En el auto de acusación preliminar se pide para Haarde una pena, no especificada, por violar la ley sobre responsabilidad de los ministros al desoír las advertencias que recibió sobre una inminente crisis de los principales bancos islandeses. Pese a los avisos recibidos, no adoptó ninguna medida para reducir los efectos del colapso antes de que se produjera ni presionó a los bancos para vender sus activos y disminuir los riesgos, según el fiscal.

El colapso bancario, que obligó a nacionalizar los principales bancos, colocó a Islandia, que ha tenido que recibir ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI), en la peor crisis de su historia reciente. El FMI, que ha entregado ya a la isla préstamos por valor de unos 1.200 millones de euros, sigue queriendo intervenir en la política islandesa. El lunes, tres días después de aprobar un desembolso de 155 millones de euros, dijo que el principal reto de Islandia para su recu- peración será la eliminación de los controles de capital impuestos para afrontar la crisis, así como la reducción del desempleo.

Las protestas populares provocaron en enero de 2009 la caída del Gobierno de conservadores y socialdemócratas. Desde abril de 2009 la izquierda, en una coalición entre socialdemócratas y «rojiverdes», gobierna por mayoría absoluta un país que negocia ahora su entrada en la UE.