Tras intensos jaloneos y discusiones sobre concepciones diferentes de los alcances de las acciones del movimiento, final- mente se firmó un acuerdo que incluyó nuevos temas, como la defensa de los derechos indígenas, la organización del movimiento y la reforma laboral.

Como parte de las acciones para consolidar el movimiento, se planteó la realización de una nueva caravana al sur del país para visibilizar la condición de violencia, pobreza y falta de desarrollo que prevalece en esa región, si bien no se fijó fecha.

Hacia las 22 horas del viernes (madrugada de ayer en Euskal Herria), firmaron el pacto, entre otros, el obispo de Saltillo, Raúl Vera; el poeta Javier Sicilia; el padre Miguel Concha; Gonzalo Ituarte, ex vicario de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas; Oscar Enríquez, del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, y algunas de las víctimas. Se acordó difundir el acuerdo -para luego realizar una consulta nacional-, que incluye también la exigencia de una nueva política social para los jóvenes que les amplíe sus expectativas, los derechos indígenas y el reclamo de avances en la democracia participativa para favorecer la realización de plebiscitos, referendos y consultas populares, así como incorporar a la ley la revocación de mandato.

Cuestiones pendientes

Pese a que al final la firma del pacto tuvo lugar en el parque donde se encuentra el monumento a Benito Juárez, se conoció que hubo un segundo texto que no se hizo público, que incluía todos los temas en que hubo disensos. Las diferencias entre las organizaciones que signaron el documento sólo pudieron resolverse mediante un esquema que considera postergar la discusión de temas relacionados con la estrategia para su aplicación, y que habría sido colocado en otro documento de «pendientes» de discusión.

Sin embargo, los debates -en mesas privadas- para consensuar la aplicación del plan de acción reflejaron diferencias conceptuales respecto de dos temas medulares: los términos de la desmilitarización (salida inmediata del Ejército o mediante un proceso gradual) y los términos de la relación del movimiento con Felipe Calderón. En el primer caso, para algunas organizaciones de Ciudad Juárez y para la Comisión Metropolitana contra la Militarización y la Violencia, es inútil dialogar con los responsables de haber desatado la violencia. Aceptar este diálogo estaría condicionado al retiro previo y total del Ejército. De lo contrario, sólo sería legitimar la estrategia militar calderonista.

Desde otra perspectiva, el retiro de tropas debe ser paulatino, porque es arriesgado el repliegue total cuando no hay capacidad de las corporaciones policiacas para asumir desde ya la lucha contra el crimen organizado, pero en todo caso la determinación de empezar ya el repliegue y el cambio de estrategia debe asumirse como compromiso gubernamental a corto plazo.

El punto medular de la división fue el diálogo con Calderón, que en momentos puso al borde de la ruptura el movimiento. Se logró modificar los términos de la relación con el Gobierno federal para poder subsanar las diferencias, y se acordó incluir en el documento final no sólo los consensos, sino también los disensos. Por ejemplo, en la mesa de trabajo sobre «Raíz económica del crimen organizado», se planteó, como acción de resistencia civil, la clausura simbólica del Banco de México en protesta por el lavado de dinero.

Los firmantes proponen que se convierta en ley la expropiación de empresas que se dediquen al lavado de dinero; crear una fiscalía especializada en delitos de cuello blanco; llevar a juicio político a Felipe Calderón, Genaro García Luna y Javier Lozano; un foro sobre la despenalización de la droga y el fin del secreto bancario.

Ciudad agraviada

En cuanto a la mesa sobre desmilitarización, se planteó que sea inmediata, sin definir si esto implicaría el repliegue total o un proceso paulatino; la revisión de la Iniciativa Mérida; y eliminar la capacitación que proporcionan el FBI o algunas otras agencias internacionales.

Al arrancar los trabajos de discusión del Pacto Nacional Ciudadano, el poeta Javier Sicilia reconoció que si bien Calderón es un presidente «tremendamente débil, que llegó al cargo con grandes sospechas de ilegitimidad» y que, evidentemente, es el principal responsable de esta guerra, no es el único; también el Congreso y los partidos que se lo han permitido. Sicilia sostuvo que el objetivo del movimiento es impulsar el Pacto Nacional Ciudadano para mandatar a los gobernantes a agilizar las reformas que requiere el país para salir de esta crítica situación creada por la guerra contra el narcotráfico.

Fuertemente cuestionado por los medios locales sobre la viabilidad de un diálogo con el gobierno, que en esta ciudad las organizaciones sociales «han intentado inútilmente», el poeta reconoció que Juárez es una ciudad profundamente agraviada por las autoridades; recordó que el programa Todos Somos Juárez ha sido un total fracaso. Sin embargo, dijo que aunque no nos gusten las autoridades que están al frente de las instituciones, es con ellas con las que tenemos que discutir.

Al abundar en las responsabilidades de gobierno, dijo que no sólo Calderón tiene parte en esta guerra. «A nivel local, claro que los gobernadores, los alcaldes y las procuradurías deberían hacer algo por reducir los niveles de impunidad e injusticia que les reclama la gente. Una justicia que reclamamos para los 40.000 muertos de esta guerra emprendida desde la administración federal, porque todas ellas son familias agraviadas, familias dolidas».