Como se convino en la declaración de Bruselas, desde el momento en que ETA anunciara un cese del fuego unilateral, permanente y verificable, el Grupo Internacional de Contacto podía comenzar su trabajo. Se estableció y publicó un mandato más específico, que incluía acciones dirigidas a «permitir la legalización de Sortu; superar las medidas especiales de restricción a la libertad de acción política; adaptar la política penitenciaria a este nuevo contexto político; alentar y asistir a las partes, a petición, para la preparación y elaboración de un programa que favorezca el diálogo político, mediante discusiones y negociaciones globales a varias bandas, no sometidas a condiciones ni a un objetivo predeterminado, y conformes a los «principios de Mitchell». En caso de llegar a un punto muerto, asumir el papel de mediador si las partes lo solicitaban; y, de manera general, llevar a la población a creer en la posibilidad de llegar a un fin en el proceso de paz».

Esta misión es apoyada por la mayoría de los partidos políticos del País Vasco -incluyendo a miembros del Partido Socialista de Euskadi-; por los tres principales sindicatos-ELA, CCOO y LAB- así como organizaciones de empresarios. El GIC considera que la condición principal para la normalización política reside en una integración política reside en una integración política sometida al compromiso, sin equívocos, de todos los partidos intervinientes, de recurrir exclusivamente, y de manera irreversible, a medios pacíficos y democráticos. El Grupo tiene buenas razones para pensar que este objetivo no está lejos de convertirse en realidad, así como el abandono definitivo de la violencia por parte de ETA.

(...) El cese del fuego anunciado es unilateral, y responde a un llamamiento de hombres de paz de envergadura internacional; no es condicional ni está negociado con el gobierno español. La organización ha aceptado que sea controlada por la comunidad internacional y, para terminar, sabe que, si lo rompe, será condenada por Sortu. Sabe también que un cese del fuego verificable se traducirá, al fin y al cabo, en un desarme.

Nosotros disponemos de una prueba sólida del cambio operado por ETA: la suspensión del cobro del «impuesto revolucionario» (la extorsión de dinero a los empresarios), una práctica que se perpetuó durante años y que era un componente principal de la lucha armada. El GIC hizo su propio trabajo de verificación y confirmó públicamente que esta dimensión del cese del fuego era bien respetada.

Controlar que ETA respete todos los demás elementos del cese del fuego es la primera prioridad. Se trata de un punto extremadamente sensible y complicado que, para ser eficaz y creíble, exige la cooperación del Estado. El GIC está en vías de ponerse en contacto con las partes interesadas y de consultar a expertos, con la esperanza de lograr el objetivo buscado.

La inmensa mayoría de los actores políticos y sociales del País Vasco ha comprendido que la oportunidad de ver que se implimente un proceso de paz es real. Por la manera en que se inició, y por los elementos nuevos que se han incorporado, es verdaderamente portador de esperanzas para el futuro. De la misma manera que los partidos del País Vasco dan pruebas de autoridad y de valentía, que el gobierno español acepte reconocer que, efectivamente, hay un conflicto político distinto al de la violencia etarra, que requiere ser resuelto por negociaciones globales a nivel regional y, en última instancia, a escala nacional.