Este pequeño país del Atlántico norte de poco más de 300.000 habitantes y con una de las mayores rentas per capita del mundo estuvo a finales del 2008 a punto de colapsar a consecuencia de la bancarrota de los tres mayores bancos islandeses: Glitnir, Kaupthing y Landsbanki. Resultó que en el balance de estos tres bancos juntos había activos que eran once veces mayores que toda la riqueza del país, es decir, durante el auge económico la riqueza financiera se había multiplicado sin ninguna relación con la economía real.

En esta situación crítica, el Parlamento actuó con rapidez y determinación. El 6 de octubre aprobó la Ley de Emergencia Bancaria por la que se permitía a la Autoridad Supervisora Financiera (ASF) tomar el control de los bancos con el objeto de limitar los daños o el riesgo de sufrirlos. Y así lo hicieron: la ASF cesó a los consejos de los bancos y tomó el control de las actividades de éstos; seguidamente separó los bancos en dos partes. Los llamados nuevos bancos se quedaron con los activos en el interior del país y continuaron con su actividad bancaria para evitar el colapso de la economía local, mientras que en los llamados viejos bancos se concentró todo el negocio exterior.

Problemas con Gran Bretaña y Holanda

Los viejos bancos también continuaron con su actividad bajo control de la Autoridad Supervisora y de acuerdo con los gobiernos de otros países excepto en Gran Bretaña, donde sus actividades fueron congeladas por parte del Gobierno, que utilizó para ello la Ley de Seguridad, contra el Terrorismo y el Crimen del año 2001. A partir de ahí, comenzaron los problemas con los clientes británicos y holandeses que llegan hasta la actualidad y que han provocado la convocatoria de dos referéndum en los que la población ha rechazado mayoritariamente las propuestas de acuerdo que los acreedores querían imponer al pueblo islandés.

Mientras, en otros países los bancos continuaron funcionando con normalidad, lo que permitió una liquidación ordenada de los haberes de los bancos, la devolución de los depósitos y el pago de parte de las deudas. El resto de las deudas fueron asumidas por los inversores como pérdidas. Una vez estabilizados los bancos, se propuso a los antiguos dueños que los compraran. Dos de ellos están en manos privadas con una pequeña participación del Gobierno. De este modo, el Gobierno ha recuperado parte del dinero invertido en la operación.

Como se puede observar en el gráfico, la deuda externa hubiera llegado a ser de casi 16 billones de coronas de haber avalado el Gobierno toda la deuda de los bancos, esto es, tres veces más que la riqueza del país. Sin embargo, gracias a que el Gobierno tomó el control de los bancos con problemas, separó las actividades y liquidó ordenadamente los fallidos, el costo para los contribuyentes ha sido bastante menor que en Irlanda, por ejemplo. Según los cálculos del Banco Central de Islandia, el gasto bruto en todo el proceso han sido del 67% del PIB, incluyendo los impuestos y cotizaciones que se han dejado de cobrar por la quiebra. Y el gasto neto, es decir, descontando lo que el estado ha recuperado con la venta de activos, ha sido del 41%.

Los créditos hipotecarios

La gestión de la crisis bancaria fue seguramente el mayor problema con el que tuvo que habérselas el Gobierno, aunque no el único. La crisis disparó la inflación, cerró el mercado de capitales y empujó hacia abajo la cotización de la Corona, lo que obligó al Gobierno a tomar otras medidas como establecer restricciones a los movimientos de capital e intervenir en la cotización de la moneda. Asimismo tuvo que recurrir al FMI.

En este contexto, el nuevo Gobierno resultante de las elecciones de 2009, sostenido por una coalición entre el Partido Socialdemócrata y el Movimiento de Izquierdas y Verde, y liderado por Johanna Sigurdardottir, no sólo ha continuado el proceso de saneamiento de los bancos y de estabilización de las finanzas, sino que también ha dado salida al problema de los créditos hipotecarios. Y es que la crisis, entre otras cosas, ha provocado la caída del precio de la vivienda muy por debajo del valor de las hipotecas, lo que unido al aumento del paro y de la inflación, ha dejado a muchas familias al borde de la ruina. El Gobierno firmó el 3 de diciembre de 2010 un acuerdo con los fondos de pensiones y otros prestamistas del país para reducir unas deudas hipotecarias que son impagables e incobrables.

Ese acuerdo contempla, en primer lugar, una rebaja en las condiciones para poder acceder a esta nueva financiación, lo que beneficiará a unas 60.000 familias según los cálculos del Gobierno. En segundo lugar, se facilita la llamada «vía del 110%», es decir, se reduce la deuda hipotecaria al 110% del valor actual de la vivienda y se establece que el pago mensual máximo no puede exceder el 20% de los ingresos de la familia. Por último, el Gobierno está estudiando una completa reorganización del sistema de tipos de interés. Este cambio puede suponer para las familias que se encuentran en una situación financiera más comprometida reducir su deuda hasta el 70% del valor actual de su vivienda.

Perspectivas

El Gobierno de Islandia, presionado por la ciudadanía, ha optado por dejar caer a los bancos en quiebra para después liquidarlos y así hacer frente a parte de las deudas que tenían; el resto las han tenido que asumir los inversores en forma de pérdidas, que son parte ineludible de los juegos arriesgados que salen mal. El Gobierno también ha adoptado un plan para repartir las pérdidas de la caída del precio de la vivienda y minimizar la deuda. Descargado en parte el peso que la deuda tenía sobre la economía, las perspectivas de ésta han mejorado sustancialmente. En el cuadro adjunto se observa el pronóstico de crecimiento del FMI para varios países muy endeudados y para Islandia. A pesar de la caída que sufrió la economía, las perspectivas son mejores que las del resto de países.

Y a mayor crecimiento, mayores posibilidades de hacer frente a las deudas. Quizás lo que mejor refleje la confianza en las buenas perspectivas de la economía islandesa son los famosos CDS, los seguros de cobertura contra impagos de la deuda. Cuando la crisis se desató, los CDS sobre la deuda islandesa se dispararon, pero a medida que el tiempo pasa, el precio de estos seguros va bajando, justo la tendencia contraria a la de Irlanda, Portugal, Estado español o Grecia, que no han dejado de subir desde entonces; y lo peor, que no se atisba cuándo pueden empezar a bajar.

Islandia ha sabido buscar el camino de salida de la crisis financiera desde la independencia de pensamiento, el sentido común y la soberanía nacional. Ha liquidado las deudas impagables, no solo de los bancos, sino también de la población; ha llegado a acuerdos con los acreedores logrando minimizar los daños que el colapso bancario podía haber generado. Han recogido los cascotes que dejó la fiesta de los bancos y ahoran pueden mirar hacia el futuro con tranquilidad.

El único conflicto pendiente es el de los inversores británicos y holandeses que cada vez parece más una maniobra del Gobierno británico para castigar la independencia de este pequeño país que un intento serio por recuperar ciertos depósitos de inversores británicos. Incluso el jefe de los comentaristas económicos del Financial Times, Martin Wolf, reconoce en un artículo publicado el 14 de enero de 2010 que es discutible que los islandeses tengan la obligación legal de pagar esas pérdidas, pero que desde su punto de vista no tienen la obligación moral de pagarlas. Y en cuanto a si la demanda es razonable, dice que en los países civilizados hace mucho que se aceptó un limite en la persecución de los deudores, se limitó la reponsabilidad por las deudas y se abolieron las penas de prisión para los deudores. Por eso, amenazar a un pequeño país con la destrucción por una deuda le parece «vergonzoso».