P rimero fue la explotación de petróleo y, en estos momentos, la extracción minera. Las transnacionales en Ecuador «campan a sus anchas» y están «devorando» a los pueblos indígenas y al territorio natural. Así lo expuso Gloria Chicaiza, de Acción Ecológica, en una jornada organizada por Ekologistak Martxan titulada «Transnacionales mineras: saqueo, contaminación y muerte». Indígenas y ecologistas se mantienen en pie frente a las atrocidades de las transnacionales, en este momento canadienses y chinas.

De hecho, esta ecologista está imputada porque la organización a la que pertenece realizó una ocupación masiva de la empresa Curimining SA en junio de 2010. Esa mina afectaba a pastizales y fuentes de agua. Chicaiza y otras nueve personas fueron acusadas «de atentado contra la propiedad», aunque se encontraba en Chile. Hay casos conocidos en Ecuador como la condena a Chevron por 6.100 millones por contaminar la Amazonía, que está recurrida, o las denuncias contra la esquilmación de recursos por parte de Repsol, ya que prácticamente han secado las reservas de hidrocarburos y ya sólo queda el petróleo pesado «más caro y contaminante». Se está construyendo un oleoducto, que cuenta con el apoyo financiero de BBVA, como se señaló en la charla, además del apoyo económico que ofrece ese banco a la minería de cielo abierto. La petrolera Texaco también explotó el petróleo en la parte de la Amazonía.

Como todos los casos de transnacionales, prevalece el negocio sobre la vida de los pueblos. Hace 38 años, en Ecuador las reservas probadas ascendían a un 4% de América Latina y, a la vez, producía el 6,5% del total de la región, pero «se agota. No van a durar para siempre. Necesitaríamos guardar para autoconsumo, pero eso no interesa a las petroleras». De hecho, Gloria Chicaiza recordó que las petroleras «llevan 40 años devastando la selva del Yasuní». El pueblo Waorani se encuentra en decadencia y en el radio de acción donde opera Repsol «sólo se puede entrar con una autorización».

La ecologista ecuatoriana empleó la charla para mostrar el «nuevo gran peligro» que se está desarrollando en Ecuador: las minas a cielo abierto. Recordó que 250.000 hectáreas se deforestan al año para estas actividades en busca de metales preciosos como el oro y el cobre. «Varias provincias de Ecuador se enfrentan en este momento al derecho a poseer las tierras ancestrales contra la venta del patrimonio a compañías transnacionales canadienses, sobre todo, que crean pocos puestos de trabajo, pero devastan la zona sin importarles el Ecuador, sino su negocio», precisó. Son empresas como Ascendant, Corriente, Aurelian, Dynasty y, entre otras, Gold Marca. «Tenemos que tener en cuenta que este tipo de minas a cielo abierto generan una devastación por completo. En la zonas de Morona-Santiago y Zamora-Chinchipe con la Cordillera del Cóndor, donde se encuentran los indígenas Shuar, la fauna y la flora son excepcionales, pero la contaminación química de las concesiones, que se están otorgando para llevar adelante minas de cielo abierto provocará la devastación».

Gloria Chicaiza afirma que esas empresas canadientes, en su mayoría, pero que «también están entrando las chinas, logran importantes beneficios económicos, que no se quedan en el Ecuador, y la inversión que realizan en mínima. Generan, por contra, grandes desventajas como son pérdidas en la agricultura, en el ecoturismo, en el aumento de accidentes de trabajo mortales de los mineros, más enfermedades y enormes cantidades de concentración de productos químicos que afectan a la salud y a la naturaleza».

Todos estas actuaciones esquilmadoras de los recursos medioambientales de Ecuador van en contra, a juicio de Chicaiza, del derecho de la naturaleza, «que guía a los pueblos en función del código del buen vivir». Para ella, la corrupción que propician las transnacionales «en busca sólo de negocio» va en contra de los pueblos ancestrales. Recordó que el Gobierno de Ecuador está favoreciendo a las transnacionales mineras, petroleras y de la agroindustria y manifestó que la legislación otorga los mismos derechos a las empresas extranjeras que las de Ecuador, lo que hace que intervengan en todos los sectores, también en el control del agua que es «esencial para la vida y para sostener la naturaleza con la que hemos viviendo en paz hasta que aparecieron las petroleras».

Esta situación de desequilibrios entre el poder que el Gobierno de Rafael Correa otorga a las transnacionales y la pérdida de posición de los indígenas «han generado enormes focos de tensión entre el movimiento indígena y ecologista, lo que ha hecho que se desempolven las leyes de la dictadura para reprimirnos. Hay campesinos condenados por sabotajes, como cortar determinadas carreteras que conducen a las explotaciones de las multinacionales».