El Gobierno de Sri lanka reconoció ayer haber recibido tres citaciones provenientes de una corte de Estados Unidos en la cual se cita al presidente del país, Mahinda Rajapaksa, a declarar sobre las muertes de ciudadanos durante la guerra. No obstante, el secretario del Ministerio de Justicia, Suhada Gamlath, también informó que se van a remitir a la legislación internacional para rechazarlas, alegando que «el jefe de Estado posee inmunidad». De igual modo, reitera que su rechazo a las imputaciones está amparado por la legislación internacional, dado que podrían «perjudiar la soberanía y la seguridad» del país.

Las citaciones están ligadas a tres juicios civiles interpuestas por familias de víctimas de supuestas acciones del Ejército, presentadas en Washington bajo la Convención de La Haya. El tribunal ha citado a Rajapaksa, precisamente, en calidad de jefe de las Fuerzas Armadas ceilanesas.

Los denunciantes reclaman indemnizaciones por valor de 30 millones de dólares -21 millones de euros-, de acuerdo con la Ley vigente en EEUU de Protección para las Víctimas de Tortura. Concretamente, se refieren a tres casos ocurridos durante la guerra civil, por la muerte extrajudicial de un estudiante, otra de un cooperante y las de cuatro miembros de una misma familia que murieron tras la explosión de un proyectil que pegó en el búnker en el que se refugiaban.

Esta citación aumenta la presión internacional a la que se enfrenta Sri Lanka para depurar responsabilidades por las pruebas de supuestos crímenes de guerra.

Acusación de los tamiles

La Alianza Nacional Tamil, por su parte, acusó ayer al Ejército ceilanés de intervenir en sus actividades de campaña electoral, en la cual buscan, según sus responsables, «generar un clima de miedo para que la gente no acuda a votar». Los comicios municipales se celebrarán el próximo mes por primera vez en los últimos 26 años.