Una pareja de jubilados iba a ser desahuciada ayer en Orkoien por adeudar alrededor de 35.000 euros al BBVA. El desalojo estaba previsto para las 10.00 horas, pero cerca de las 9.30, medio centenar de personas se reunió frente a su portal de la calle Aldaia para bloquearlo mediante una sentada que duró hasta pasadas las 10.30. La secretaria judicial acudió con la intención de entrar a la vivienda pero los congregados lo impidieron de forma pacífica. «No le hemos dejado ni tocar el timbre», remarcó indignado un amigo de los afectados.

Afectados por la hipoteca

La protesta de ayer fue la primera de estas características que se realiza en Euskal Herria. Aunque en otros puntos del Estado español, como los Països Catalans, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas ya ha desarrollado movilizaciones similares. Por este motivo, sus promotores se mostraron satisfechos con el resultado y aseguraron que «esto demuestra que la gente es consciente de los abusos que cometen las entidades bancarias».

A la hora señalada para el deshaucio, solo se presentó la secretaria judicial, mientras que «por parte del banco no apareció ningún representante» explicaron a GARA miembros del movimiento 15-M en Iruñea, convocante del acto, y familiares y amigos de los afectados. Según todos ellos este hecho y toda la gente allí reunida hizo recapacitar a la representante administrativa, lo que «permite algo de tiempo reconducir la situación y hacer reflexionar al banco».

Cambiar la ley

Hace unos días, miembros del 15-M de Iruñea recibieron noticias sobre la situación de H. y F., propietarios del inmueble. Su deshaucio ya tenía fecha: ayer por la mañana. Ante esta situación, decidieron actuar, y el domingo hicieron un llamamiento «mediante la web, Facebook, email y SMS» convocando a una sentada junto a la vivienda de los afectados. Además de evitar el desalojo y denunciar la situación y los abusos de los bancos, el objetivo de la movilización era «presionar para que se aborde una reforma de la ley», tal y como remarcaron los convocantes apostados en el exterior de la vivienda en Orkoien.

En 2003 F. y H., que llevaban un bar, decidieron comprar la vivienda en la que residen pidiendo al BBVA un préstamo de 138.000 euros. En 2006, la dueña del local en que se encontraba el negocio familiar decidió venderlo, por lo que comenzaron los problemas. En 2010, cuando solo les quedaban 35.000 euros por pagar, el BBVA solicito ante el juez el embargo.

En los últimos meses la situación económica de la pareja cambió. En ese momento sí que podían hacer frente a los pagos. Comenzaron a cobrar la pensión y uno de los hijos se mudó con ellos con la intención de ayudarles. Intentaron renegociar con el banco una y otra vez, pero este siempre se negó. «El banco los quiere echar por menos de 40.000 euros» denunció V.M., yerno de H. y F. «Hoy hemos conseguido tres meses más para intentar que el BBVA se retracte e intentar renegociar la hipoteca» dijo F., acompañado por su hija y su yerno. Visiblemente afectado, F., uno de los miembros de la pareja, señaló que, a pesar de que la situación ahora era mejor y podían hacer frente a la hipoteca, el banco no estaba dispuesto a renegociar su deuda. Enfadado, V.M. calificó de «injusta» la situación, especialmente «ahora que disponían de fuentes de ingresos».